Por fin, y después de muchos ires y venires incluyendo un conato de rebelión del Partido Conservador, el Congreso aprobó a mediados de la presente semana un proyecto de ley clave, presentado por el Ejecutivo hace unos meses. La iniciativa en cuestión autoriza la escisión de tres ministerios y faculta al Presidente de la República por el término de seis meses para hacer una cirugía de fondo en la administración pública, en lo que constituye un verdadero cheque en blanco. Dependiendo de cómo se llene, la administración Santos podrá tener herramientas más poderosas que las actuales para impulsar sus iniciativas. Por ahora, la atención recae en el nacimiento de las nuevas carteras. De tal manera, es de esperar que en cuestión de semanas sean designados los nuevos ministros de Justicia, Ambiente y Trabajo, como consecuencia de la división de los despachos de Interior, Vivienda y Protección Social, respectivamente. Debido a ello, el número de asientos en el gabinete ministerial se elevará a 16, con lo cual se regresará a la situación que existía en el 2002. Dentro de las razones esgrimidas, una es que la reforma estatal que se hizo entonces, utilizando como justificación la necesidad de ahorrar recursos, dejó de ser efectiva en la medida en que las plantas de personal aumentaron. Según la exposición de motivos que acompañó a la propuesta que llegó al Capitolio, los gastos de nómina en pesos constantes son ahora mayores a los de los meses previos a la fusión. Pero la razón principal tiene que ver con la distribución de funciones. Así, la percepción generalizada es que los asuntos de la justicia pasaron a segundo plano, ante el tiempo que demandan los temas propios del Ministerio de la política, como se conoce a la cartera del Interior. Algo similar le habría sucedido a los asuntos ambientales, que quedaron como una especie de hermano menor no necesariamente deseado, frente a lo relacionado con el desarrollo urbano y habitacional. Y las urgencias del sistema de salud acabaron relegando a las del trabajo, cuya asignatura más visible pasó a ser las discusiones del salario mínimo. Ahora, las cosas deberían ser diferentes. Partiendo del principio de la necesaria austeridad a la hora de asignar vacantes, oficinas y carros oficiales, la idea es que tres áreas fundamentales tengan una cabeza específica. De tal manera, no es necesario ser abogado para darse cuenta de que la Rama Judicial necesita un interlocutor que sirva no sólo para limar asperezas con las Cortes o tramitar aspiraciones presupuestales, sino para trabajar en un urgente abanico de reformas orientadas a mejorar el desempeño del sector. Algo similar ocurre en lo que hace a las preocupaciones ambientales y de desarrollo sostenible. Después de tener legislación y esquemas que estaban entre los mejores de América Latina, Colombia dio un paso atrás en la materia. Por lo tanto, el desafío no sólo es recuperar el terreno perdido, sino conformar en el Ministerio un equipo que sea a la vez técnico y eficiente y que envíe señales claras, indispensables en medio del auge petrolero y minero que registra el país. Por su parte, quien llegue a la cartera de Trabajo tiene que preocuparse tanto por los elevados índices de desempleo, la informalidad y los asuntos sindicales, como por impulsar una legislación laboral moderna. Dentro de los temas que tendrá que manejar el ministro del área está la bajísima cobertura de un sistema de pensiones público que, aparte de estar quebrado, beneficia a las personas de mayores ingresos. Ese breve repaso de la agenda pendiente tiene que venir complementado con la necesidad de designar a personas de las más altas calidades, con énfasis en las capacidades profesionales y no políticas. Afortunadamente, Juan Manuel Santos prefiere ese tipo de personas, si bien la advertencia no sobra. Y el cambio no termina ahí. Las facultades concedidas al Presidente son una oportunidad y un desafío para cortar aquí y agregar allá. Sólo con reformas profundas será posible responder con buenas instituciones a las necesidades de un país que tiene grandes posibilidades de crecer, pero que encuentra enormes cuellos de botella en su sector público.
