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Editorial / Un mal sin control

Es indispensable que desde la propia Casa de Nariño se lidere un esfuerzo que conduzca no sólo a cas

Redacción Portafolio
POR:
Redacción Portafolio
marzo 08 de 2011
2011-03-08 01:12 a.m.

A lo largo de los últimos días han aumentado en el país las voces que expresan inquietud por los cada vez más frecuentes escándalos de corrupción. Esas preocupaciones no se limitan a unos pocos columnistas, sino que tocan al público en general. Según la más reciente encuesta de Gallup, la percepción de que el tema está empeorando en Colombia llega ya al 63 por ciento de los sondeados en las cinco ciudades más grandes, 12 puntos más que en diciembre.
Las causas de ese deterioro en la opinión tienen que ver con factores objetivos. Así, hechos sonados como lo sucedido en Agro Ingreso Seguro o la quiebra del conocido Grupo Nule –que le ha dado pie a quienes consideran que en Bogotá existe un cartel de la contratación– han convencido a muchos ciudadanos de que la venalidad se ha instalado en la administración pública. En los casos mencionados han tenido lugar decisiones que implican multas, destituciones, órdenes de embargo y apertura de procesos, aunque todo sugiere que falta todavía mucha tela por cortar.
A pesar de que alguien podría argumentar, no sin razón, que los dos ejemplos mencionados comprueban que la justicia está operando y que, por lo tanto, la impunidad va en retirada, el sentimiento mayoritario y en aumento es que el robo a las arcas públicas es descarado. Bajo esa visión, hay un deterioro indudable en la moralidad que hace sospechoso cualquier emprendimiento estatal y que tiene todo tipo de efectos negativos.
El más pernicioso es el de la legitimidad de la democracia. La sombra de duda en torno a dicho sistema lleva a una disminución en la participación en las elecciones y a la ausencia de un sentimiento de pertenencia, que a veces lleva a la promoción de las soluciones de facto. Ese fenómeno se ve acompañado por una disminución en la calidad de la administración pública, acrecentado a su vez por la dificultad de conseguir personas idóneas para el desempeño de cargos clave. En otras palabras, se crea un círculo vicioso que cada vez abona el terreno para más corrupción y más atraso.
Romper esa espiral es función de los organismos de control, algo que no falta en el territorio colombiano. Para comenzar, existen 1.102 personerías en igual número de pueblos y ciudades, a las cuales hay que sumarles 62 contralorías territoriales, entre departamentales, distritales y municipales. A nivel nacional, es indispensable mencionar la Contraloría, la Auditoría y la Procuraduría, que también tienen funcionarios en múltiples puntos de la geografía, para no hablar de lo que hacen al respecto la Fiscalía y la Rama Judicial. No faltan tampoco las 3.795 divisiones de control interno que se encuentran en entidades de todo orden y que, en principio, deberían ser la talanquera inicial en contra de los abusos.
El costo de ese aparataje es elevado. Tan solo el presupuesto de la Contraloría y la Procuraduría General asciende a casi 700.000 millones de pesos, pero si se hace una lista más amplia, la suma llega a 4,5 billones, aclarando que, en lo que hace a Fiscalía y Rama Judicial, las áreas de acción van mucho más allá que la lucha contra la corrupción.
No obstante, no es necesario entrar en el detalle para encontrar que la relación entre costo y beneficio no es la mejor. Hace poco, la contralora Sandra Morelli reveló que por cada peso gastado por la entidad –ahora a su cargo– en el 2010, únicamente se ahorraron o recuperaron 19 centavos. Dicho indicador ha mejorado en lo que va del presente año a 1,94 pesos, algo que es positivo. Sin embargo, quienes saben de estos temas insisten en que los organismos de control no están cumpliendo con la función para la que fueron creados y que, en algunos casos, se han convertido en un eslabón más en la cadena de corrupción.
Todo lo anterior hace pensar que son necesarias más herramientas para luchar contra un delito que lleva al desperdicio de recursos millonarios, sin que mejore la calidad de vida de la población. Reconociendo que la propuesta de estatuto que hace su tránsito por el Congreso es un paso en la dirección correcta, es posible que no sea suficiente. Por tal motivo es indispensable que desde la propia Casa de Nariño se lidere un esfuerzo que conduzca no sólo a castigos ejemplares, sino a una arquitectura más apropiada para que los corruptos no roben más a Colombia.

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