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Editorial / Otra ‘papa caliente’

El desbarajuste en las pensiones públicas, que se ha convertido en una vena rota para el presupuesto

Redacción Portafolio
POR:
Redacción Portafolio
marzo 10 de 2011
2011-03-10 12:02 a.m.

A comienzos de la semana, Fedesarrollo volvió a poner el dedo en la llaga sobre el tema pensional, que continúa refundido dentro de las prioridades del Gobierno, quizás por no formar parte de la larga lista de urgencias que tiene que administrar la Casa de Nariño. Si bien el propio Juan Manuel Santos prometió hace poco tomar cartas en el asunto, la verdad es que no ha sucedido mucho con respecto a un tema que es una verdadera ‘papa caliente’ desde el punto de vista político. Además, no existe una crisis inminente en el horizonte, pues los problemas que se siguen incubando en este campo estallarán en las próximas décadas, por lo cual hay quienes piensan que es mejor esperar antes de enfrascarse en una batalla larga y complicada.
Esa postura no quiere decir que lo que está en juego no sea importante. Para comenzar, vale la pena tener en cuenta que el gasto en pensiones es hoy en día el rubro más importante del presupuesto nacional. En el 2011, la suma que deberá girar el Ministerio de Hacienda para cubrir el saldo rojo en este frente asciende a cerca de 23 billones de pesos, más de lo que reciben áreas como la seguridad o la salud. Semejante cantidad de dinero beneficia a algo más de un millón de personas ya jubiladas y cuyos aportes no fueron suficientes para financiar las obligaciones. En contraste, la cifra que se asigna con destino a la educación básica y media es similar, pero cubre a 9,4 millones de jóvenes en todo el país.
Como si lo anterior fuera poco, la inmensa mayoría de ese subsidio se destina a las personas de ingresos más altos. Según Fedesarrollo, 86 por ciento de los pensionados por el esquema público pertenece al 20 por ciento más rico de la población, mientras que apenas 1 por ciento proviene del 40 por ciento más pobre. De tal manera, lejos de contribuir a disminuir las brechas sociales, el sistema actual no hace otra cosa que perpetuar las desigualdades.
Y los problemas no terminan ahí. Hace unos años se creía que los aportes públicos deberían comenzar a disminuir antes del final de la presente década, en la medida en que entrara en plena vigencia el cambio estructural puesto en marcha por la Ley 100 de 1993. Sin embargo, recientes sentencias de la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, además de pronunciamientos hechos por la Procuraduría General, han preservado privilegios que querían ser desmontados. La expresión práctica de esas decisiones se ha traducido en abusos, como los del Consejo Superior de la Judicatura, en donde se detectó un carrusel para que una serie de magistrados próximos a pensionarse se retiren con mesadas que pueden llegar a quintuplicar lo que les correspondería a otros ciudadanos en una situación equivalente.
Aparte de lo anterior, cada vez es más claro que hay un desequilibrio entre el régimen de prima media que viene de atrás y el de ahorro individual, a cargo de las administradoras de fondos privados de pensiones. Ante este hecho, se ha venido produciendo un traslado masivo y creciente de cotizantes de los segundos hacia el primero, por la razón de que es mejor negocio el sistema público para cierto tipo de personas.
¿Cuánto le costará esto al erario? Es imposible saberlo con certeza. Pero desde ahora se puede predecir que el lastre futuro será descomunal, a menos que se tomen medidas de fondo que todavía no se vislumbran. Estas deberían consistir en hacer sostenible el esquema que existe, con el fin de buscar un propósito adicional: conseguir que una proporción creciente de la población pueda aspirar a una mesada en el momento de su retiro, algo que hoy en día sólo le ocurre a uno de cada cuatro colombianos y apenas a una ínfima parte de los más pobres.
Lograr un avance en esa materia obliga a revisar puntos tan difíciles como el número de semanas cotizadas y los beneficios recibidos, sin desconocer el esfuerzo que se debe hacer para reducir la informalidad laboral. Además, Fedesarrollo señala que subir las edades de jubilación es un tema inevitable ante los notables avances en la esperanza de vida de la población, equiparando la situación de hombres y mujeres. Esa es una propuesta polémica, pero válida, que se debe encarar con realismo, cuando el Gobierno decida meterle el diente a un asunto que es espinoso, pero cuyo debate no se puede eludir.

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