Los más de mil municipios y 32 departamentos del país están por estos días finalizando el proceso de aprobación de sus respectivos planes de desarrollo. Estos equivalen a la hoja de ruta que marcará el rumbo de las diversas administraciones hasta finales del 2019.
Tanto por su cuantía, como por las propuestas hechas y la población involucrada, la iniciativa de Enrique Peñalosa en Bogotá es la que más cubrimiento ha suscitado. Vale la pena recordar que el gobierno capitalino le propuso al Concejo de la ciudad un ambicioso conjunto de inversiones por 89,5 billones de pesos para los próximos cuatro años. Entre las áreas prioritarias se destaca la educación, con 26 por ciento del monto, y la salud, con 17 por ciento adicional. Así mismo, la administración hace una fuerte apuesta –de 43 billones de pesos, que abarcan los recursos que aportaría la nación– en el tema de movilidad, lo cual incluye troncales de Transmilenio, o el inicio de la obra del anhelado metro.
Sin duda, la idea más controversial es la solicitud de una autorización para vender la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB). Desde que se anunció dicha intención, comenzó una discusión con un claro tinte ideológico que, en ocasiones, ha tomado ribetes personales. Son dos los argumentos principales para sustentar la venta: uno fiscal y otro de proyección de la compañía.
El primero responde a un hueco de financiación del plan: de los casi 90 billones de pesos enunciados, la capital recogerá por impuestos una cifra cercana a los 60 billones, mientras que el resto lo necesita de otras fuentes, incluyendo los dos billones que obtendría de la ETB. El segundo tiene que ver con la capacidad de la empresa para competir en un sector que exige grandes inyecciones de capital y cuenta con poderosos jugadores. Las proyecciones conocidas muestran que habrá una elevada pérdida de valor, que podría poner en entredicho la supervivencia de la firma.
Más allá de revivir los argumentos expuestos, lo sucedido en la noche del lunes, cuando la venta fue aprobada en primera instancia en el Concejo, hace pensar que la probabilidad de que se conceda la autorización es alta. Si ese es el caso, la prioridad debería ser la de desarrollar una estrategia encaminada a maximizar el precio por acción, para lo cual no estaría mal apoyarse en la experiencia del Gobierno nacional en el tema.
No menos importante es convencer al sector privado para que se involucre en los proyectos que podrían cambiarle la cara a la ciudad en un tiempo relativamente corto. Impulsar las Asociaciones Público Privadas que aportarían unos 10 billones de pesos está bien, pero estructurar cada iniciativa es algo que toma tiempo, pues no solo exige contar con compañías constructoras de reconocida idoneidad, sino con esquemas que hagan atractiva la financiación de cada emprendimiento por parte de bancos y fondos de inversión. Gerenciar bien el proceso es, entonces, clave.
El plan de desarrollo de Peñalosa sienta las bases de la urbe que el alcalde quiere entregar en el 2020. En iniciativas como la construcción de hospitales, 30 nuevos colegios y la actualización del transporte público se pueden percibir los elementos más característicos del modelo que el burgomaestre afinó e impulsó a finales de los años noventa.
Sin embargo, la Bogotá del 2016 no es la misma. Los niveles de exigencia de la ciudadanía son más altos y se expresan de manera constante a través de las redes sociales, tanto como la falta de confianza en los gobernantes. Ello implica que no basta con asegurar las mayorías en el Concejo, sino que es necesario ganarse a una opinión incrédula que ha escuchado anuncios en el pasado y cuya desilusión con los líderes de turno es patente. Debido a ello, Peñalosa debe comunicar mejor y mostrar obras pronto. Solo así le cambiará el talante a una ciudad que es todavía el epicentro del pesimismo en Colombia.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto
Opinión
Después de la luz verde
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Ricardo Ávila
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