El adjetivo trascendental ha sido utilizado en Colombia hasta el cansancio. Sin embargo, vale pena volverlo a usar una vez más, con el fin de calificar la decisión adoptada ayer por la administración Santos al definir la frontera agrícola nacional. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, ésta establece “el límite que separa las áreas para actividades agropecuarias, de aquellas para la conservación o protección de la biodiversidad”.
En pocas palabras, el propósito es pintar la cancha dentro de la cual se pueden llevar actividades con propósitos económicos. Fuera de esas líneas, las autoridades están obligadas a hacer lo que esté a su alcance para evitar la depredación de los recursos naturales.
El objetivo indudablemente es loable. Para comenzar, sirve para ordenar el uso de un territorio contra el cual se han cometido todo tipo de abusos. Las investigaciones más recientes confirman que la deforestación sigue su marcha, afectando negativamente uno de los patrimonios naturales más relevantes del planeta entero.
En consecuencia, queda en claro que de los 111,5 millones de hectáreas que corresponden a la superficie de Colombia solo se pueden destinar a diferentes emprendimientos 40,1 millones, el 36 por ciento del territorio continental. Sobre el papel, el margen es amplio, pues el área cultivada es de 7,6 millones de hectáreas, según el Censo Agropecuario.
No obstante, dicha investigación estableció que en el país se destinan a ganadería, sembrados y otros usos un total de 43 millones de hectáreas. Eso quiere decir que no solo hay que evitar que la frontera se expanda, sino que toca ver lo que se hace con las tierras que hoy son explotadas en territorios de protección ambiental que comprenden zonas de reserva forestal, páramos y parques nacionales.
El encargo de hacer respetar los límites señalados recaería directamente en 15 batallones del Ejército. Habrá que ver si este logra hacer de manera efectiva una labor que es, a la vez, difícil, compleja y desafiante.