A la hora de hablar de impuesto de renta, la línea mayoritaria entre los aspirantes a la presidencia de la República es la de reducirles la carga a las empresas, como una manera de impulsar el crecimiento y la inversión. Unos pocos hablan, además, de gravar de forma progresiva a las personas de mayores ingresos con el fin de compensar, en parte, los recaudos que se dejarían de percibir si las sociedades son objeto de un alivio importante.
Nadie, en cambio, habla de los asalariados o de quienes pertenecen a la clase media, quizás porque hacerlo sería una especie de suicidio político. En las actuales circunstancias, sería un error antagonizar a un sector tan importante con la promesa de más tributos.
Sin embargo, los análisis técnicos muestran que aquí podría estar una fuente importante de dinero, si las cuentas que se hacen pensando con el deseo no funcionan. Al menos eso es lo que se deriva del más reciente informe del mercado laboral que elabora Fedesarrollo mensualmente.
De acuerdo con el reporte, la línea de corte por encima de la cual se cobra el impuesto de renta a las personas en el país, es elevada. En épocas de la omisión de Expertos en materia tributaria se encontró que dicho umbral, frente al ingreso por cápita respectivo, es dos veces superior al de América Latina y 12 veces más que el que se encuentra en las naciones que son socias de la Ocde.
Las comparaciones regionales hablan. En Chile se paga el 19 por ciento de impuestos sobre el salario promedio, en Argentina 17 y en Colombia apenas el 7 por ciento. Ese fue el motivo por el cual se le propuso al Congreso en el 2016, disminuir el límite a partir del cual habría que pagar renta, idea que fue desechada en los debates subsiguientes.
Pero así sea una verdadera ‘papa caliente’, eventualmente la discusión habrá que darla. Y no solo se trata de recaudar más, sino de combatir la evasión, un fenómeno descomunal en un país en el cual es relativamente fácil volar por debajo del radar de la Dian.