Que venía un proyecto de reforma tributaria en camino, era algo que sabían propios y extraños. La abrupta caída en los recaudos públicos observada tras el fin de la bonanza de precios de los bienes primarios y la necesidad de contar con un sistema mucho mejor que el vigente, habían preparado el terreno para la presentación de la iniciativa que se conoció hace unos días.
A pesar de ello, no faltaron los gestos de sorpresa cuando se conocieron los elementos de la fórmula propuesta. El texto radicado por el Gobierno en el Capitolio resultó ser más ambicioso de lo que se pensaba a la hora de plantear sanciones, aplicar gravámenes y eliminar beneficios a diversas actividades.
Desde el punto de vista de los números, los objetivos no acabaron siendo los más audaces. En el supuesto caso de que el Congreso aceptara el articulado original, el aumento en el recaudo sería de unos siete billones de pesos en el 2017, el equivalente a menos de un punto porcentual del Producto Interno.
No obstante, es indudable que habría una redistribución de cargas en favor de las personas jurídicas y en contra de las naturales, con el fin de reducir la brecha en obligaciones fiscales que hoy atenta contra el clima de la inversión privada en Colombia. A lo anterior se agrega la idea de subir el IVA en tres puntos porcentuales, lo cual ocasionó una oleada de críticas por tratarse de un gravamen considerado como regresivo.
Y la lista no terminó ahí. La intención de castigar con cárcel a los evasores de elevado pecunio se suma al impuesto sugerido a las bebidas azucaradas o a los productos de tabaco, entre muchos otros planteamientos.
Todo esto pasa en medio de un clima político muy cargado y una opinión que siente los efectos de una notoria desaceleración. Debido a ello no será fácil que los parlamentarios acompañen al Ejecutivo, que probablemente deberá resignarse a que le corten las alas a la que pretende ser una reforma estructural.
Ricardo Ávila Pinto
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto
retrospectiva
La fórmula propuesta
La intención de castigar con cárcel a los evasores de elevado pecunio se suma al impuesto sugerido a las bebidas azucaradas.
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Ricardo Ávila
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