El gobierno catalán de Carles Puigdemont decidió llevar su desafío soberanista contra España a niveles insospechados, al declarar el martes pasado a Cataluña como una República independiente.
Sin embargo, eso duró apenas unos segundos, porque luego le pidió al parlamento regional suspender los efectos de dicha medida, por lo que abrió una ventana al diálogo con el gobierno del conservador Mariano Rajoy, no obstante esto fracturó su alianza con los militantes de la CUP, partido de extrema izquierda que ha sido su principal soporte en su aventura separatista, y que esperaba una proclamación de independencia definitiva y meridiana, no el galimatías jurídico que resultó.
Lo cierto es que Puigdemont quizás no se esperaba que más de 500 empresas afincadas en la autonomía anunciaran que cambiarán su domicilio a otras regiones españolas, entre ellas seis de las siete que concurren en el índice Íbex, el principal de la bolsa de Madrid, y tampoco que varios países y organizaciones anunciaran que no reconocerán a Cataluña como un nuevo Estado.
La estampida empresarial ya hizo alertar sobre una posible recesión en la que caería la región, una de las más ricas y prósperas de España, si continúa con sus devaneos secesionistas, y el desplome de las cifras, por ejemplo, de ocupación hotelera (menos 50 por ciento), en una región que obtiene jugosas ganancias por el turismo. Esto ha puesto a pensar sobre el futuro de romper con España.
Por lo pronto, Rajoy empezó el proceso de activación del artículo 155 de la Constitución, el que suspende las autonomías (y que nunca se había aplicado) y planteó dos plazos, uno para este lunes y otro para el jueves. El primero es para que Puigdemont responda si en efecto declaró la independencia, y el segundo para que en caso de que sea afirmativa la respuesta, retire dicha declaración.
Sin duda, es un pulso en el que está claro que nadie saldrá ganador.