La vivienda es por naturaleza el bien más preciado entre las familias. Lograr su adquisición ha sido parte del ideal colectivo de muchas generaciones, ya sea por sus atributos patrimoniales, respaldo financiero o simplemente como motivación legítima de superación social y económica. Aunque son válidos todos estos elementos, es importante traer a reflexión la relación entre la necesidad habitacional y la propiedad de la vivienda.
La superación del déficit habitacional cuantitativo ha llevado a que muchos países diseñen políticas habitacionales complementarias a la propiedad. La solución al problema del déficit debe necesariamente ser una receta con variedad de programas en función de la segmentación de la demanda, por eso los responsables de la política de vivienda han estado planteando mecanismos para que el alquiler haga parte integral de sus estrategias de atención a la necesidad habitacional.
De acuerdo con el BID, en la región se han probado varias experiencias en programas de arrendamiento. Subsidios focalizados en Chile, renta con opción de compra en Brasil, seguros y fondos de garantía al arrendamiento en Uruguay, y un nuevo marco jurídico para los procesos de restitución de inmuebles en Perú, son algunos ejemplos de la nueva vertiente de la política habitacional latinoamericana.
En el mundo desarrollado, basta con hacer mención a la proporción de hogares viviendo en arrendamiento. Según las estadísticas de la Comisión Europea, en Suiza, de cada 100 hogares, 56 son inquilinos; en Alemania, 46; en Austria, 42, y en Francia, 36. En ese contexto, hay elementos que advierten sobre la importancia de incluir esquemas de arrendamiento dentro del abanico de instrumentos de la política de vivienda colombiana.
Lo primero es no desconocer que los hogares tienen estructuras heterogéneas que dependen de factores diferentes al nivel de ingreso. Tamaño, dificultad de acceso al crédito, la baja inclusión financiera, la ausencia de recursos previos y fuente de ingresos derivada de actividades informales, o en condición de vulnerabilidad social, son criterios que identifican la demanda potencial sobre la cual el arrendamiento formal, como un paso intermedio hacia la propiedad, podría ser altamente efectivo.
Además, el arrendamiento formal ofrece una mejor calidad y ubicación en la vivienda. En Latinoamérica, la ausencia de infraestructura básica en la vivienda en alquiler es 50 por ciento menor, y las mayores tasas arrendamiento coinciden con zonas de mayor densidad urbana y desarrollo de las ciudades. Asimismo, el diseño correcto de un programa de política pública orientada al arrendamiento tendría beneficios adicionales como la posibilidad de incorporar esquemas de ahorro, generar mayor inclusión financiera y acceso a financiación mediante el historial crediticio derivado del pago del canon, así como reducir el impacto fiscal con subsidios transitorios y diferidos en el tiempo.
Entonces ¿estamos listos para desarrollar proyectos exclusivos para el arrendamiento social? Con ajustes normativos que agilicen la restitución de los inmuebles, un marco de asociación público privada adaptable y la orientación de recursos fiscales, el terreno queda prácticamente listo. Ahí, la inversión privada de desarrolladores e inversionistas y la actuación de operadores que administren integralmente los proyectos estaría prevista. Es decir, con pasos en la orientación correcta y el necesario cambio en la visión de atención a la necesidad habitacional, estamos listos para hacer del arrendamiento un paso firme hacia la propiedad.
Sandra Forero Ramírez
Presidenta de Camacol