Si hoy se preguntara sobre el rol de la construcción de vivienda en la actual coyuntura, la tendencia destacaría su importancia en el crecimiento económico del país. Pero más allá de esto, hay dos elementos conceptuales de la economía del bienestar que ayudan a explicar los avances que ha generado la política de vivienda en los últimos años: la suma de la eficiencia económica y el bienestar social.
Más allá del aumento en la escala de producción de vivienda social y el alcance regional de los programas y estrategias que se han logrado con la estructuración de una política integral, es importante destacar la eficiencia en la ejecución de los recursos fiscales, los efectos positivos en la superación de la pobreza, la atención en cada segmento de la población, el efecto jalonador de la construcción sobre la industria, y la generación de puestos de trabajo.
Los números evidencian la contundencia de la política de vivienda. Por 23 meses consecutivos el sector de la construcción ha generado 100.000 empleos directos anuales, y las actividades inmobiliarias han registrado 170.000 nuevos puestos de trabajo en el último año. Desde enero del 2014 a la fecha, se han comercializado 98.816 viviendas sociales, 40 por ciento más que en el periodo anterior; se han generado inversiones de los hogares por 6 billones de pesos y se han lanzado al mercado 64 por ciento más de proyectos constructivos, sin contar las 100.000 viviendas gratuitas.
La demanda de insumos que se genera con los programas de Vivienda Gratuita, Casa Ahorro, Mi Casa Ya, subsidio a la tasa de interés para la VIS, y ahora los estímulos a la No VIS, establecidos en el Pipe 2.0, puede ascender a 24 billones de pesos, lo que representa cerca de tres puntos del PIB. A nivel regional, más de 300 municipios se han visto beneficiados de estas estrategias, tema fundamental para reducir las brechas y generar impactos redistributivos de la inversión pública. Asimismo, el indicador de pobreza multidimensional muestra que en cuatro años las carencias asociadas a la vivienda se han reducido en 19 por ciento.
Entonces, la pregunta es ¿en qué radica el éxito de esta política? No hay una única respuesta, es la suma de una serie de principios. Primero está la priorización de la vivienda en el espectro de la política pública nacional; segundo, la correcta focalización de los instrumentos y su aplicación; tercero, la orientación hacia la corrección de brechas de mercado; cuarto, la eficiente articulación público-privada en su desarrollo; quinto, el diagnóstico de las necesidades regionales; sexto, la modernización en la operación de las estrategias, y por último, el fortalecimiento institucional y la visión gerencial que requiere la ejecución de proyectos de inversión social.
Por eso, los resultados deben seguir trascendiendo. Por un lado, está la oportunidad de los gobiernos territoriales en sumarse a la política nacional de vivienda y apoyar con sus acciones la construcción de ciudades de calidad. Desde el Gobierno Nacional, la tarea es custodiar el desempeño del sector, evitando que reglamentos sobredimensionados pongan en riesgo su dinamismo, y seguir aplicando los principios de estructuración y ejecución de política pública que se están convirtiendo en un hito del desarrollo del país.
Sandra Forero Ramírez
Presidenta ejecutiva de Camacol