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Sergio Calderón Acevedo
columnista

La doctrina Conto

En el caso de El Nogal, los terroristas fueron beneficiados con un ilegal acuerdo.

Sergio Calderón Acevedo
POR:
Sergio Calderón Acevedo
agosto 26 de 2018
2018-08-26 07:54 p.m.
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En los últimos años, y cada vez con más frecuencia, han salido de la Sección Tercera del Consejo de Estado muchas sentencias condenando a la Nación a reparar, con multimillonarias sumas, a víctimas de los más horrendos crímenes cometidos en Colombia. Solo mencionaré unos pocos.

El 3 de marzo del 2003, terroristas del Eln cometieron un atentado en el Centro Comercial Alejandría, de Cúcuta, y asesinaron a la ciudadana Mónica Leal. La Nación fue condenada a pagar 600 millones de pesos.

El 28 de noviembre del 2001, en Calarcá, las Farc secuestraron y retuvieron durante seis meses a Fabio Botero y su hija Natalia. La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar por su responsabilidad, al no evitar el plagio.

El 26 de julio del 2001, hampones de la columna Teófilo Forero de las Farc secuestraron a los habitantes de la torre Miraflores, en Neiva. La Nación fue condenada a pagar 2.432 millones de pesos por los magistrados de marras.

El 7 de febrero, el condenado asesino Hernán Darío Velásquez, alias ‘el Paisa’, dirigió el bombazo al Club El Nogal, en el cual murieron 39 civiles inocentes y casi 200 más fueron gravemente heridos. Los terroristas fueron beneficiados con un ilegal acuerdo mientras la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, condenó a la Nación a pagar una millonaria suma a tres de las víctimas o sus familiares.

El 13 de agosto de 1999, dos pistoleros asesinaron cobardemente a Jaime Garzón. Hace dos años, la misma corte condenó a la Nación por el execrable hecho.

Una corta columna semanal no alcanza para resumir los horribles crímenes cometidos por delincuentes criollos y por los cuales usted y yo debemos reparar a las víctimas, mientras los victimarios pasean aún por las calles o los campos, sin que las autoridades policiales o militares los arresten o den de baja. En muchos casos más, quedan impunes porque nuestros jueces y magistrados los sueltan luego de la captura. Y más recientemente porque el mismo Estado eleva sus fechorías a supuestos delitos conexos con la rebelión.

Alegar que un crimen es culpa del Estado porque las fuerzas legítimas no protegieron a las víctimas, es tan absurdo como aceptar el argumento de que una mujer fue violada porque ella estaba atrevidamente vestida e invitó al depredador sexual a atacarla. Y que la culpa fue de ella y debe reparar al violador porque le contagió una ETS.

Si sigue prosperando esta absurda doctrina de la Sección Tercera del Consejo de Estado, no solo tendremos que hacer más reformas tributarias para cubrir el roto que ellos alegremente abren, sino que tendremos que llamar a Tom Cruise para que vuelva a interpretar el papel de John Anderton en Sentencia Previa (Minority Report), película en la cual el superpolicía debe arrestar a los asesinos antes de que cometan el crimen, y llevarlos a la justicia para condenarlos por el delito que casi cometieron.

O podemos reformar la justicia para obligar a los jueces, magistrados y expresidentes a llevar a sus casas, a convivir con sus hijas, a los criminales que sueltan porque no representan un peligro para la sociedad.

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