El Proyecto de Ley de Autorización de Defensa (NDAA) para el 2012 que acaba de ser firmado por Obama permitirá, entre otras joyas, la detención y el arresto de cualquier persona, sea cual fuere, dentro y fuera de los EE.UU. y con o sin juicio, por las autoridades militares – no solo las civiles – de dicho país, desde cuando se le caracterice como “combatiente enemigo”. Como bien se sabe, ésta es condición necesaria para ser procesado a la manera de los terroristas de Guantánamo. Más aún, el principio rector del proyecto es que los terroristas han convertido a EE.UU. y al planeta en un “campo de batalla”, por lo cual es lícito combatirlos en dicho escenario global. Ello también se aplica, desde luego, al Internet.
Obama afirma que no autorizará el arresto de civiles por militares en forma sistemática por ser “incoherente con el principio norteamericano fundamental de que los militares no patrullan las calles” y porque atentaría contra la “crítica autoridad del Presidente” [de EE.UU.] de “recoger inteligencia, inhabilitar a los terroristas peligrosos y proteger al país”. Sin embargo, basta que pueda hacerlo para que el peligro esté allí, latente. Muchos dudan de la solidez de la oposisión de la Casa Blanca en el actual clima politico ultraconservador y, ante todo, porque la ley autoriza $15.000 millones de gastos militares exitosos y populares en seguridad y defensa. Fue frágil la coalición opuesta al proyecto, principalmente conformada por unos pocos demócratas liberales, como los Senadores Dianne Feinstein de California o Tom Udall de Nuevo México, y conservadores libertarios, como Rand Paul, Senador republicano por Kentucky.
Hasta los grupos más organizados, como el ACLU, parecían desorientados en este entorno poco propicio y, sin embargo, la oposición doméstica norteamericana era la única que algo podía hacer, firmando pronunciamientos, escribiendo a sus congresistas, realizando debates públicos, etc. En realidad, sus opciones también estaban bastante limitadas: el que lo asocien a uno con el terrorismo, por injusto que sea, es una situación bastante incómoda en estas épocas, algo como ser tildado de comunista hace medio siglo. De allí las dudas que trae el compromiso de algunos Senadores de “monitorear estrictamente” lo aspectos más autoritarios de la ley en su implementación.
No que hay que ser pesimista, desde luego, y dar por descontado que a término prevalecerá el NDAA en su versión actual. De hecho, el derecho constitucional es una materia viva y asuntos que ya parecían de una manera u otra resueltos (‘para bien’), como el derecho individual a portar armas o el de las empresas a aportar donaciones virtualmente ilimitadas a los partidos politico, han revivido sorpresivamente a la luz de cambios en la composición de la Corte Suprema de EE.UU. Más vale esperar que conjeturar. Con todo, no deja de preocupar que un proyecto de ley visto por medio mundo como una locura se haya convertido en ley federal de EE.UU.