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Valeria Marulanda

Licencia social para cotizarse en el mercado de valores

Valeria Marulanda
POR:
Valeria Marulanda
junio 12 de 2012
2012-06-12 12:18 a.m.
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El momento económico que atraviesa Colombia ha traído una importante inyección de inversión extranjera con la llegada de distintas empresas, especialmente las dedicadas a la actividad extractiva de recursos naturales.

Esto a su vez ha generado un impacto en el mercado de valores nacional, pues dichas compañías han encontrado en el mismo una fuente de financiación alternativa.

Cada vez más en el mundo y en Colombia, estas firmas dedicadas a la extracción de recursos naturales se han visto obligadas a conseguir una licencia social para operar, la cual va más allá de los permisos otorgados por los Estados.

Es la licencia de las comunidades, de las ONG, de sus empleados y ahora de los accionistas.

Hoy, los inversionistas ya no sólo revisan las cifras de las compañías, su estrategia de negocio, calidades y cualidades del CEO, o sus políticas de gobierno corporativo, sino que las políticas y los programas ambientales y sociales junto con los comportamientos que asumen en estas áreas, se han tornado en un tema fundamental para la toma de decisiones de los accionistas.

No es difícil entender que para un accionista, cuyos ingresos dependen de su capacidad de extraer recursos naturales, sean importantes sus políticas ambientales o sociales, ya que más allá de una actitud de conciencia por el planeta o conciencia social, que sin duda para algunos la hay, es un asunto de sostenibilidad de la operación de la empresa y por ende, del valor de la acción.

Esta situación está siendo aprovechada por activistas ambientalistas y sociales, quienes ya no sólo están enfocando sus estrategias en tratar de convencer a los gobiernos nacionales, locales y a las comunidades de la inconveniencia de uno u otro proyecto, sino que se están dirigiendo a los accionistas para que sean estos los que exijan a las administraciones de las organizaciones, diseñar e implementar determinados programas sociales y ambientales, o en detener la ejecución de un proyecto en particular.

En esta nueva etapa de batalla de activistas versus compañías extractoras es más común ver en las asambleas de accionistas en el mundo, exigencias de incorporar recursos para programas ambientales y sociales de la empresa, cuando antes las discusiones giraban en torno a las proyecciones de crecimiento, la repartición de dividendos entre otros temas más financieros.

No cabe duda de que el mercado de capitales es una excelente opción para financiar el crecimiento de las empresas, pero las entidades públicas deben ser conscientes que ese estatus las expone al escrutinio público y a que muchas decisiones empiecen a tomarse de acuerdo a lo que para los accionistas se torna importante.

Ser una compañía pública supone no sólo transparencia en su manejo financiero, comunicación de la fortaleza de la estrategia de negocio, reputación de la administración, sino una estrategia de comunicación para sus accionistas enfocada a divulgar detalladamente las políticas ambientales y sociales. Y por último, comportarse adecuadamente social y ambientalmente, pues la sanción, además de afectar su reputación, terminará perjudicando el precio de la acción.

Valeria Marulanda

Vicepresidenta

FTI Consulting

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