Cada uno de los preacuerdos que se ha hecho público ha generado, por un lado, optimismo con respecto a la posibilidad de lograr un acuerdo definitivo y, por otro, un debate en torno a lo que es justo, lo que es aceptable y lo que es deseable. No obstante, poco se ha discutido con respecto a lo que es posible.
El reciente libro de Claudia López da un paso importante en esta discusión. En primer lugar, desarrolla un argumento que la senadora ha repetido insistentemente: la implementación de los acuerdos no garantiza la paz. En segundo lugar, cuantifica el costo de implementación de los acuerdos, así como el de las medidas que, a juicio de la parlamentaria, deben llevarse a cabo para conseguir una paz real y duradera.
Por supuesto, los números presentados por López son cálculos gruesos. No obstante, el ejercicio realizado por la senadora permite tener una idea acerca de la magnitud del costo de implementar los acuerdos. Los acuerdos demandan recursos para sustitución de cultivos, para garantizar la seguridad alimentaria de quienes viven del cultivo de coca, para llevar bienes públicos a las zonas de conflicto, para atender a los consumidores problemáticos de drogas ilícitas, para el fondo de tierras, entre otros. Pero además de los costos directos del acuerdo, la senadora señala la necesidad de llevar instituciones judiciales a todas las regiones del país y un plan de descongestión carcelaria. Asimismo, es necesario garantizar el derecho a la vivienda digna a la población rural y llevar a cada hogar electricidad, agua y saneamiento básico. Y la lista sigue.
De acuerdo con los cálculos de Claudia López, la suma total de las inversiones requeridas para lograr una paz justa y duradera es de 333 billones de pesos, esto es 269 por ciento del recaudo tributario del 2015, o 42 por ciento del PIB. Es posible que en este en este cálculo haya problemas de doble contabilidad o que algunos de los programas que la senadora señala ya estén andando. No obstante, estas cifras pueden servir de base para comenzar a identificar el costo real de construir la paz.
Difiriendo el gasto a 10 años, el programa completo de inversiones, detallado por la senadora, demanda un incremento de 27 por ciento en el recaudo tributario (4,2 por ciento del PIB). ¿Cuántos de los amigos de la paz están dispuestos a apoyar una reforma tributaria que incremente el recaudo en estas cantidades?
No puedo terminar sin señalar un elemento importante del posacuerdo, que no fue considerado en los cálculos de Claudia López: Las Bacrim y el Eln tienen incentivos para tratar de ocupar los espacios que dejen las Farc, y el Ejército tiene la obligación de impedir que esto suceda. Además, hay que garantizar las condiciones de seguridad de los guerrilleros de las Farc que se incorporen a la vida civil. Así, el gasto en defensa no puede ser la variable de ajuste.
Hernando Zuleta
Director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, U. de los Andes / hernando.zuleta@gmail.com
