A través de un documento de 12 puntos, la Andi, gremio que reúne a los industriales del país, manifestó que el proyecto de ley conocido como “pago a plazos justos” no soluciona ni atiende los intereses de todos los actores en cadena y que debería aplicarse sólo a microempresas y emprendimiento.
Sin embargo, la agremiación considera que para las grandes compañías, esta medida no es eficiente.
(La fórmula para que las empresas paguen a sus proveedores en 30 días).
Frente a esto, la Andi agregó que se propone la construcción de un modelo que atienda los intereses de todos los agentes, “construyendo un sistema virtuoso, dentro del marco constitucional que conduzca a apoyar a las empresas micro, pequeñas y emprendedores”.
Según la Andi, este proyecto estaría restringiendo la libertad de las empresas, pues afecta las cadenas productivas.
"El Estado está interviniendo el mercado. Las medidas tienen acceso financiero igual que las empresas grandes. Lo que estamos diciendo es que cuando se hace eso por el volumen de recursos se genera distorsión al nivel de financiación en Colombia. No estamos discriminándolas, estamos a favor de los emprendedores y los pequeños empresarios", resaltó Bruce Mac Master.
Para Mac Master, establecer plazos de pago por ley a empresas grandes y medianas generaría una distorsión artificial en la economía con graves consecuencias como la discriminación entre las empresas y el aumento de las importaciones con la afectación de la balanza comercial y cambiaria.
Agrega que otro efecto indeseable de aplicarse el proyecto sería el incentivo a conseguir proveedores por fuera del país, si se tiene en cuenta que la regulación por cuentas por cobrar no cobija a las importaciones, perjudicando el fortalecimiento de las Pymes nacionales.