Cerrejón enfrenta un nuevo capítulo del pleito jurídico por su Plan de Manejo Ambiental Integrado.
La compañía ha sido notificada sobre la interposición en su contra de una demanda de nulidad simple que busca dejar sin efectos legales al Plan y, por tanto, el cierre definitivo e inmediato de la operación.
(Cerrejón ve un futuro oscuro para el carbón).
Esta acción fue promovida ante el Consejo de Estado por dos miembros de dos comunidades de La Guajira (Paradero y Gran Parada), así como cuatro ONG nacionales (Fuerza de Mujeres Wayuu, Cinep, Cajar y Censat).
También participan tres congresistas de los partidos políticos Coalición Lista de la Decencia, Polo Democrático Alternativo y el Movimiento Alternativo Indígena y Social: Aída Avella, Iván Cepeda y Feliciano Valencia.
La demanda, a su vez, incluye en calidad de demandados a la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.
Entre otros, los argumentos de la demanda giran sobre una supuesta falta de control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales y, también, tiene que ver con lo que denominan “afectación al recurso hídrico y al medio ambiente de La Guajira, lo que ha generado crisis alimentaria y vulneración de derechos fundamentales de la población, especialmente de los niños”.
Asimismo, se quejan de “un desconocimiento del derecho de participación de la población en general y, en especial, del derecho a consulta previa de las comunidades indígenas. Por último, la demanda plantea una falta de prevención adecuada de los impactos que genera la actividad minera en el medio ambiente”.
(Aumenta estrechez financiera en complejo minero Cerrejón).
En esta controversia jurídica, los demandantes solicitan “la adopción de medidas cautelares, que buscan que mientras se resuelven de manera definitiva las pretensiones, se prohíba cualquier modificación del Plan de Manejo Ambiental Integrado que implique expansión de la operación y se impida la explotación de carbón en áreas cercanas a comunidades”.
Al respecto, Cerrejón rechazó los cuestionamientos, al considerar que “pretenden hacer ver que la empresa ha obtenido sus contratos, licencias y autorizaciones de manera ilegítima, así como confundir a la opinión pública y a las comunidades del departamento presentando a la compañía como responsable de los retos económicos, sociales y ambientales que enfrenta hoy La Guajira”.
Desde la perspectiva de la empresa, dichos cuestionamientos ponen en entredicho la institucionalidad de un país, afectan de manera grave la seguridad jurídica, no solo para Cerrejón sino para la industria en general, y causan un pérdida de competitividad en el sector privado, que es el motor de desarrollo de la economía nacional.
La empresa dijo que seguirá en la ruta de asegurar una operación responsable y respetuosa, que genere valor económico, social, ambiental e individual, en La Guajira y el país.