Martín Gustavo Ibarra, una de las voces más autorizadas en cuanto a zonas francas, por ser vicepresidente de la junta del gremio mundial de estos espacios, advierte que Colombia perdería la confianza inversionista en el futuro, si el proyecto de ley de financiamiento finalmente modifica las reglas tributarias de estos lugares.
En diálogo con Portafolio, recordó que por los distintos cambios de las condiciones, el Estado se ha visto obligado a indemnizar los perjuicios.
¿Qué rol pueden jugar las zonas francas en un escenario de guerra comercial entre EE. UU. y China?
EE. UU. ha colocado aranceles del 25% a gran parte de las manufacturas chinas y renegoció con México y Canadá el Nafta, aumentando el contenido regional para varios productos hasta del 75%. Estas restricciones a sus tres mejores socios comerciales, obligan a las empresas afectadas, a buscar de manera urgente, nuevas localizaciones: cercanas a EE. UU., con TLC vigente y zonas francas modernas.
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¿Qué opinión general le merece la estabilidad de las reglas de juego en Colombia?
La estabilidad de las reglas del juego es el prerrequisito para atraer inversión extranjera. Cuando Luis Carlos Villegas era embajador en Washington, se realizó una encuesta con la US Chamber of Commerce. La mayoría de las empresas encuestadas opinaron que la falta de estabilidad en las reglas del juego en materia tributaria era la mayor limitación para atraer inversión.
¿En qué consiste el riesgo que trae para las zonas francas el proyecto de ley de financiamiento?
El proyecto de ley de financiamiento, con respecto a las zonas francas, tiene un elemento positivo y otro elemento negativo. El positivo es que mantiene la tarifa del 20% de Imporrenta para los usuarios de zonas francas. Esta tarifa, un 1% inferior a la corporativa en EE.UU., 2 puntos inferior al promedio de la tarifa de Imporrenta de los países Ocde e idéntica a la anunciada por el presidente mexicano López Obrador para la zona franca de la frontera con EE. UU. (de 85.000 Km2), nos permitirá tener una nivelación fiscal internacional. El elemento negativo, es que el proyecto de ley radicado pretenda aplicar a los usuarios industriales, ubicados en las zonas francas anteriores al 2012, un cambio en la liquidación del IVA, el cual se cobrará sobre las materias primas nacionales y costos de producción cuando se nacionalicen.
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¿Qué efecto puede generar esa propuesta?
Para muchos de los usuarios de las zonas francas colombianas, de los cuales casi 200 son extranjeros, este cambio súbito de las reglas del juego puede afectar severamente tanto su rentabilidad como la continuidad de su negocio. Esta propuesta convierte un beneficio en un maleficio, donde pierden los productores nacionales de insumos, pierden los usuarios de zonas francas, el Gobierno puede perder varias de las demandas nacionales e internacionales que inicien los usuarios, pero lo que es más grave: Colombia perdería la confianza inversionista en el futuro.
¿Por qué envía una señal negativa a los inversionistas extranjeros?
Porque Colombia siempre ha sido un país muy serio en el mantenimiento de las reglas del juego. En el 2012, cuando se corrigió la distorsión del IVA en productos elaborados en zonas francas, y en los cambios del 2014 y 2016, siempre se respetó la estabilidad de los usuarios ya calificados. La mayoría de las empresas extranjeras ubicadas en zonas francas provienen de los países con que tenemos un acuerdo de libre comercio, los cuales tienen capítulos de protección de inversión. La Corte Constitucional tiene una amplia jurisprudencia denominada “Confianza Legitima”, que es cuando un inversionista ha pagado por un incentivo –en el caso de las zonas francas con compromisos de inversión y empleo– y se desmonta este incentivo. Esto ha obligado al Estado a indemnizar los perjuicios.
¿Por qué más de un analista aboga por el desmonte de zonas francas?
Primero, porque las zonas francas están exentas de Imporrenta, mientras que el resto de las empresas, no. Este argumento no es cierto, porque desde el 2005, por una ley que presentó al Congreso el exministro Jorge Humberto Botero, se gravaron con renta a las empresas de zona franca (hoy con una tarifa del 20%) para honrar los compromisos ante la OMC.
Segundo, otro argumento es el relacionado con la liquidación del IVA sobre las materias primas y el valor agregado nacional, para los usuarios de zonas francas calificadas antes del 2012. Sin duda, esta distorsión puede corregirse, permitiéndole a los usuarios de zonas francas la deducción de los IVA generados en los procesos productivos o pagados por las materias primas adquiridas en Colombia, y respetando el plazo inicial de la primera prórroga de cada zona franca, lo cual en la mayoría de los casos ocurrirá a partir del 2023.
El tercer argumento está relacionado por los mayores ingresos fiscales que se generarían al aumentar el Imporrenta de los actuales usuarios de zonas francas del 20% al 33%. Esto es un espejismo, porque muchas de esas empresas se relocalizarían en las 600 zonas francas que existen en América.
¿Cuál debería ser la política correcta con respecto a las zonas francas en Colombia?
Este Gobierno se ha comprometido a fondo con las Zonas Francas, como lo manifestó el presidente Duque en Analdex: “A las zonas francas hay que reconocerles su valor en Colombia y en el mundo. Tenemos que preservar esta herramienta de competitividad y es una prioridad en la agenda de recuperación del país”. Estoy seguro de que se logrará encontrar una fórmula que concilie la discrepancia del IVA en los productos de zonas francas y el resto de productores nacionales, para mantener la confianza inversionista y demostrarle al mundo que Colombia es un país serio.
Ricardo Ávila
Director de Portafolio