La Contraloría General de la República encontró nuevas irregularidades fiscales en la administración del exalcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque. Según lo señalado por el ente de control, se destinaron 3.584 millones de pesos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, destinados a la Población Pobre No Afiliada, al pago a tres contratistas de impuestos por estampillas, gravámenes que le correspondía sufragar única y exclusivamente a los empresarios y no a la ciudad.
(Lea: En Bogotá se paga por alumbrado público más del doble de la tarifa del mercado regulado)
La Contraloría encontró que los hechos sucedieron en diciembre de 2015, cuando con recursos de un crédito interno contratado con la banca privada para infraestructura hospitalaria, se realizaron pagos por 35.000 millones 841 mil pesos a los contratistas Compañía de Ingeniería Negocios y Servicios S.A., Consorcio Salud Heroica y Consorcio Interventoría Hospitales Cartagena.
(Lea: Contraloría denuncia que Electricaribe usó indebidamente más de $200 mil millones de subsidios)
De este monto se aplicó el cobro de estampillas por 3.584 millones de pesos a los recursos de una cuenta maestra del Banco Popular, donde el Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS, administra los recursos de Población Pobre No afiliada-PPN. Este movimiento no podía realizarse, teniendo en cuenta que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, por mandato constitucional, no deben destinarse para fines diferentes a la salud.
Además, el desembolso en favor de las arcas del Distrito se hizo efectivo el 19 de febrero de 2016, entrando como recursos propios, lo que cambia su destinación exclusiva en el sector salud.
A esto se suma que la Administración Distrital – y específicamente el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) – no ha implementado los controles necesarios para garantizar la correcta inversión de los recursos que se le han asignado a través del Sistema General de Participaciones para el sector Salud- Población Pobre No Afiliada.
Por lo anterior, la Contraloría constituyó un hallazgo con incidencia fiscal por 3.584 millones de pesos y con presunta incidencia disciplinaria.
De las irregularidades encontradas por la Contraloría, se dio traslado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de Salud y la Protección Social, para lo de su competencia.