El proyecto de ley que radicó ayer el partido político Cambio Radical volvió a abrir el debate sobre las consultas previas y sus efectos en la ejecución de proyectos de infraestructura.
Según los datos más recientes de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (Invías), en los últimos cuatro años, con corte a mediados del año pasado, se han hecho más de 100 consultas previas.
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En el caso de la ANI, para que las concesiones pudieran avanzar se tuvieron que hacer 77 consultas, de las cuales 44 eran para 10 proyectos carreteros (ocho de ellos eran del programa de vías de cuarta generación) y los otros 15 para puertos.
Y aunque, de acuerdo con los reportes de la ANI, el 94% de las consultas previas que se requerían para construir todas las vías de cuarta generación ya fueron hechas, hubo un proyecto que se tuvo que cancelarse por falta de acuerdos con la comunidad.
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Se trata de la 4G de iniciativa privada Cesar-Guajira, que estaba a cargo de la constructora El Cóndor, que a través de una tutela interpuesta por la comunidad de La Guajira, se solicitó que se promoviera una consulta previa para decidir si se eliminaba un peaje en la vía.
Tras el sondeo, la comunidad eligió que se quitara ese peaje, por lo que la empresa constructora tuvo que liquidar el contrato, pues los recursos provenientes de ese recaudo eran claves para la construcción de la vía de 223 kilómetros.
Además de ese caso, otros cinco proyectos de 4G tuvieron que someterse a numerosas consultas previas, lo que ha incidido en los tiempos de las obras e, incluso, en sus valores.
Asimismo, de esos, todavía hay dos procesos de consulta previa en las 4G en desarrollo. Uno de ellos es la vía Pasto-Rumichaca, que por orden del Consejo de Estado está en ese trámite. El otro caso es el de la vía Conexión Norte, que por un fallo del tribunal Superior de Antioquia tiene que realizar una de estas consultas.
REGLAMENTAR LAS CONSULTAS
A finales del año pasado, el Ministerio de Interior publicó un borrador de proyecto de ley, con el fin de establecer reglas claras para las consultas previas. Sin embargo, la iniciativa no fue radicada finalmente. Con eso, el proyecto de ley de Cambio Radical es la primera iniciativa que se estudia, con respecto a este tema, en el Congreso.
Uno de los puntos claves que plantea el proyecto, entre otras cosas, es el tiempo para ejecutar las consultas previas, las cuales tendrían que hacerse en un plazo máximo de un año.
Al respecto, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) celebró “el interés de promover una ley estatutaria que genere seguridad jurídica, garantice los derechos de las comunidades y promueva el desarrollo de los proyectos de infraestructura. Esperamos que se consolide un gran consenso que incluya al legislativo, ejecutivo y la sociedad civil”, puntualizó.
María Camila González
marola@eltiempo.com