Con el aval de la Corte Constitucional a una de las leyes de acceso de Colombia a la Ocde, el país queda ad portas de ser el miembro 37.° de este ‘club de buenas prácticas’.
(Lea: La Ocde propone gravar a empresas tecnológicas)
El alto tribunal declaró ayer exequible la norma que reglamenta el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), pero aún tiene pendiente estudiar la Ley de Privilegios e Inmunidades, que dicta las reglas de las misiones diplomáticas que operen en el país.
(Lea: Latinoamérica debe generar más desarrollo inclusivo: Ocde)
No obstante, el mensaje enviado ayer por la Corte –que le dio luz verde a esta norma por unanimidad– se da justo cuando en el territorio nacional comienza la Semana de la Ocde en Colombia, evento en el cual se presentarán estudios del país sobre productividad, avances sociales y mejoramiento de la economía, entre otros.
De hecho, el secretario general de la organización, Ángel Gurría, llegará hoy en la noche al país y mañana temprano se reunirá con el presidente Iván Duque, la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y el director de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, entre otros, con el fin de que el Gobierno Nacional le presente los avances de Colombia en este proceso.
Gurría entregará el estudio sobre el país, en el que se advertirá que Colombia ha logrado importantes avances económicos y sociales en las últimas dos décadas.
De esta forma, entre los hallazgos se resalta que el crecimiento nacional ha sido resiliente, la pobreza y la informalidad han descendido y los niveles de vida han mejorado sustancialmente.
Este diario conoció que el principal mensaje del secretario general la Ocde será que el crecimiento del PIB nacional se consolidará en 3,5%, tanto este año como el próximo, sobre todo gracias a la reducción de los impuestos a las empresas, lo que promoverá la inversión.
COMPROMISOS, LISTOS
En tanto, el equipo de Gobierno, encabezado por la vicepresidenta Ramírez, ya tiene definidos los compromisos de Colombia, una vez deposite los instrumentos para ser miembros en pleno de la Ocde.
Se trata de 39 puntos, distribuidos en siete ejes temáticos: política ambiental, químicos, pesca, gobernanza pública, política regulatoria, comercio y empleo, trabajo y asuntos sociales.
Estos, en gran medida, coinciden con los pendientes que tenía Colombia para acceder a este grupo de países, tales como la terminación del programa del programa ‘Uno a uno’ de chatarrización o el mejoramiento de la Nación en la protección de los sindicatos (ver módulos).
POLÍTICA AMBIENTAL
El Ministerio de Ambiente será responsable de 11 compromisos, de tal modo que Colombia acoja los instrumentos legales sugeridos por la Ocde, en temas como el fortalecimiento de los sistemas de información e indicadores, las buenas prácticas para la gestión del gasto ambiental y la evaluación de proyectos con un impacto significativo en el ambiente.
No obstante, el trabajo no se limita a eso y se incluyen mejoras en manejo de desechos o de reutilización y reciclaje, entre otros.
FRENTE COMERCIAL
Acá son ocho compromisos: implementación de los análisis de impacto normativo, modernización del sistema de compras públicas, eliminación de la discriminación que hay en algunos licores (por la Ley 1816) y la terminación del programa ‘Uno a uno’ del esquema de chatarrización.
EMPLEO Y SOCIAL
Además, habrá mejoras en propiedad intelectual y el país se compromete a mantener la separación entre permisos de entrada de medicamentos y tecnologías médicas, y los procesos de evaluación tecnológica y determinaciones de precio. También se informará sobre procedimientos nuevos y en curso en declaraciones públicas de interés de medicamentos y se implementará el Tratado de Facilitación del Comercio y del Estatuto Aduanero.
EMPLEO Y SOCIAL
El frente laboral, de empleo y temas sociales incluye cuatro compromisos por parte del Mintrabajo y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Estos proponen reducir la informalidad laboral –que es cercana al 50% de la población trabajadora– y proteger los derechos de los subcontratados. En segundo lugar, el Ejecutivo asegura que aplicará la ley laboral; en tercero, se mejorarán temas de negociación colectiva y, en cuarto, se reducirán la violencia y los crímenes contra sindicalistas.
GOBERNANZA PÚBLICA
En este punto los compromisos serán responsabilidad del Departamento Administrativo de la Presidencia y el Ministerio de Justicia, con apoyo del DNP.
Son cinco las obligaciones con las que quedaría el Gobierno: Concretar el Plan Decenal de Justicia –para dar acceso a justicia a nivel local–; fortalecer el sistema de información judicial; tener transparencia y dar rendición de cuentas; contar con instituciones y marcos de acción anticorrupción e íntegros, y fortalecer la capacidad administrativa subnacional.
INDUSTRIA QUÍMICA
Este punto también será del Minambiente e incluye cuatro compromisos: 1. Aplicación de la política de productos químicos industriales y sus planes de acción relacionados; 2. Divulgación de datos no confidenciales como parte del marco jurídico de la política nacional de productos químicos industriales; 3. Adoptar las disposiciones pertinentes en la Política Nacional de Productos Químicos Industriales, como está planificado por Colombia; 4. Actualizar el progreso de la declaración sobre reducción de riesgos para el plomo.
POLÍTICA REGULATORIA
El DNP estará encargado de concretar las mejoras de la política regulatoria en tres aspectos: que en Colombia haya consulta pública obligatoria siempre que se vaya a emitir una regulación, y que cualquiera que sea se conozca qué impacto tendría. El tercer factor tiene que ver con dictar reglas de gobernanza claras para los organismos reguladores. En este punto, el Gobierno ya ha avanzado al caracterizar la regulación y al eliminar, a través de una ley, normativas que ya perdieron vigencia o son innecesarias.
AJUSTES DEL SECTOR DE PESCA
En este rubro hay cuatro compromisos: 1. Cambios en la estructura institucional y el marco legal para la gestión de pesca y la acuicultura; 2. Adopción de planes de reconstrucción y gestión de acuerdo con los principios establecidos en la recomendación del consejo sobre la reconstrucción de la pesca; 3. Ajustes en el monitoreo y aplicación, en términos de registro u concesión de licencias a pescadores y acuicultores; 4. Mejoras de la base de información sobre qué políticas están diseñadas para el sector.