Los ojos del país estarán puestos este miércoles en la Corte Constitucional, que debatirá desde las 8 a.m. si decide o no mantener viva la Ley de Financiamiento que tramitó el Gobierno y aprobó el Congreso.
La norma fue sancionada a finales del año pasado y, desde entonces, ha recibido más de 20 demandas de inconstitucionalidad, de las cuales seis serán estudiadas este miércoles por el alto tribunal.
(Para la Procuraduría, la Ley de Financiamiento es constitucional).
El orden del día lo encabezan aquellas que tienen ponencia de los magistrados Alejandro Linares y Carlos Bernal, que piden que toda la iniciativa sea declarada inexequible, es decir, que quede sin efectos sus más de 120 artículos.
DIVERSAS VISIONES
Los otros procesos solicitan, cada uno por su parte, declarar inconstitucional un grupo de artículos, entre los que están la creación del régimen simple de tributación, la sobretasa de renta al sector financiero y la exención del pago de impuesto a las ventas de los combustibles.
No obstante, las dos primeras ponencias marcarán la agenda de la Corte, ya que dependiendo de lo que se decida, se sabrá si toda la Ley de Financiamiento se cae o sobrevive, y las cartas de diferentes entidades, gremios y actores privados ya fueron reveladas.
El principal defensor de la iniciativa es, claramente, el Gobierno en cabeza del Ministerio de Hacienda. Según el jefe de esta cartera, Alberto Carrasquilla, de tumbarse la norma, “nadie va a volver a creer en una reforma tributaria ni ley de financiamiento dado que, cumplidos todos los requisitos, como lo han certificado los secretarios tanto de la Cámara de Representantes, como del Senado de la República, se cumplieron todos los procedimientos regulatorios y reglamentarios, si eso no se sostiene, nadie va a volver a creer”.
(Ley de financiamiento en vilo por demanda ante Corte Constitucional).
Y añadió que habría un segundo coletazo de crecimiento, con lo cual “si sumamos el efecto combinado, año tras año, hasta el 2030, eso nos da el equivalente a un PIB anual de Colombia. Perdemos el 10% (anual) de nuestra capacidad de generación de ingreso de un ‘tanganazo’”.
De igual forma, Carrasquilla le envió un concepto al alto tribunal, en el cual le detalla punto por punto los factores que perdería Colombia si esta reforma tributaria pierde su piso jurídico, tanto parcial como completamente. Por ejemplo, señaló que al Gobierno no le afectaría que se caiga la sobretasa de renta al sector financiero, e incluso la declara como “medida antitécnica y con bajo impacto fiscal”, de tal modo que “el Gobierno no considera que dicha reducción en el recaudo ($230.000 millones al año) amenace la estabilidad de las finanzas públicas”.
GREMIOS, A LA DEFENSA
De otro lado, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, principal gremio de los empresarios en Colombia, coincidió con el Ejecutivo en la necesidad de mantener viva la reforma. En un documento, el dirigente gremial le aseguró a la Corte Constitucional que “una estimación gruesa del impacto de la inexequibilidad de la ley situaría el recaudo tributario de 2020 en $156,9 billones, cayendo $1,6 billones frente a lo previsto en las cuentas fiscales del país”.
Particularmente, las cuentas de los empresarios, basados en cálculos del Minhacienda, dan cuenta que la principal reducción se daría en los rubros de impuesto al consumo por la venta de inmuebles, el impuesto al patrimonio y el IVA y los aranceles por la importación de productos.
(Ley de financiamiento, la que más demandas tiene ante las cortes).
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, no se quedó por fuera de la discusión y, hace unas semanas, le envío al alto tribunal una comunicación en la que le pide mantener viva la Ley de Financiamiento, sobre todo porque su eventual inexequibilidad le pasaría factura directa al crecimiento económico de Colombia, en 0,8 puntos porcentuales cada año. Esto, en plata blanca, llevaría a que este año el PIB del país no creciera 3,6% (como cree el Gobierno), sino 2,8%. “Esta reducción generaría una pérdida de recaudo frente al escenario de exequibilidad de la ley, con el consecuente impacto en términos de sostenibilidad fiscal y el gasto público”, agregó el directivo.
ORIGEN DE LAS DEMANDAS
Por su parte, Myriam Gutiérrez, socia de Impuestos y Servicios Legales de KPMG en Colombia, indicó que “habría tres o cuatro magistrados que votarían la inexequibilidad plena, otros tres que han apoyado la exequibilidad de la ley, considerando que no se violó el principio de publicidad y consecutividad, y tenemos una posición intermedia, que no es mayoritaria, que pretende que se declaren inexequibles los artículos que fueron introducidos en el último debate del Senado”.
El principal argumento de los demandantes para interponer estos recursos ante el tribunal tiene que ver con que presuntamente hubo vicios de trámite, es decir, no se habría cumplido la ley de funcionamiento del Congreso, que reza que al estudiarse el proyecto debe publicarse en la Gaceta Oficial para que otra cámara lo pueda estudiar.
Solo hasta este miércoles se conocería la decisión final, que podría al Gobierno a exponer sus planes B y C, en caso de que esto suceda, los cuales, según Carrasquilla, ya están diseñados.
