Debido al alto flujo de transferencias de divisas que en los últimos meses se viene reportando hacia Venezuela, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció esta semana el fortalecimiento de controles e inspecciones a los 323 profesionales del cambio autorizados en la ciudad de Cúcuta.
El objetivo de estos nuevos procedimientos apunta a identificar la existencia de alguna irregularidad o incumplimiento de la normativa por parte del sector cambista.
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Asimismo, estos procesos de fiscalización, emprendidos recientemente por la entidad en vista de la gran cantidad de remesas que a diario están circulando hacia el vecino país, van encaminados a prevenir el delito de lavado de activos.
La demanda de este servicio ha desatado el represamiento de ciudadanos, de nacionalidad venezolana, en algunas calles del centro de la ciudad o en bahías de los principales centros comerciales.
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“En los últimos días, se ha identificado que algunos de estos establecimientos, y también personas naturales –residentes colombianos o no–, vienen realizando grandes volúmenes de transferencias de divisas al vecino país”, puntualizó María Pierina González Falla, directora de Fiscalización de la Dian.
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La funcionaria aprovechó para recordar que en las casas de cambio ubicadas en el territorio nacional no está permitido el movimiento de giros o transferencias entre personas naturales o empresa.
A pesar de esta fuerte regulación, el aumento en este tráfico de remesas se debe en gran medida a la decisión del Gobierno de Venezuela de habilitar algunas oficinas cambiaras con la facilidad de ofrecer este tipo de trámites.
Entretanto, González agregó que quienes sean identificados realizando dichas actividades no autorizadas se les aplicará una sanción del 100 por ciento del valor de la operación indebidamente realizada, sin exonerarlo de la responsabilidad judicial.
Entre 2016 y 2017 se adelantaron 63 acciones de control por parte de las autoridades aduaneras a establecimientos no autorizados, con apertura de investigación. A la fecha, se han recaudado $365 millones por sanciones de este tipo. Se proyectaron actos sancionatorios por $648 millones y cursan investigaciones por un valor aproximado de $2.000 millones.
CÚCUTA