Debido a la intensificación de los disturbios y bloqueos, Ecopetrol tomó la decisión de suspender 27 contratos de operaciones para dos de sus campos que desarrolla en el departamento del Meta.
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Con la medida se afectan directamente oportunidades laborales para 1.889 personas de la región y que están vinculadas por esas empresas.
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A través de un comunicado, la petrolera colombiana afirma que como consecuencia del recrudecimiento de los actos de violencia y sabotaje contra la seguridad de las personas e instalaciones de los campos Castilla y Chichimene, tomó la decisión de congelar el citado número de convenios laborales.
“En las últimas horas mientras un grupo de trabajadores de Ecopetrol realizaba ronda de pozos en la zona Norte del campo Castilla, fueron sorprendidos por manifestantes encapuchados que intentaron agredirlos, mientras escuadrones del Esmad los protegieron”, señala la nota de prensa.
Agrega el texto que en un predio privado donde se encuentra el clúster 42 del citado campo, las personas que realizaban la protesta prendieron fuego a un cultivo de palma, lo cual ocasionó un incendio que fue controlando por la unidad de Bomberos de Ecopetrol.
Así mismo, se registró la quema de variadores y transformadores eléctricos en 12 pozos de producción, nueve de ellos ubicados en tres clústeres de la zona norte del campo Castilla, y tres en el clúster 27 del campo Chichimene.
“La Empresa también repudia enfáticamente los actos violentos en los que han resultado heridos algunos miembros de las Fuerzas Armadas, como el más reciente caso de impacto con arma de fuego que sufrió un agente del Esmad”, enfatiza el comunicado.
A través de la nota Ecopetrol rechaza nuevamente esto actos “los cuales ponen en peligro a las personas, al medio ambiente y a la infraestructura de la empresa; y a su vez afectan el derecho fundamental del trabajo de miles de personas de la región, así como oportunidades comerciales para cientos de empresarios locales”.
Cabe recordar que hasta el pasado viernes se completaron ocho días desde que se iniciaron las acciones violentas contra las áreas de producción en los campos Castilla, Chichimene y en el bloque CPO-09, que inicialmente afectaron la extracción de 200.000 barriles diarios, equivalentes a cerca del 23% de toda la producción del país, situación que se ha venido normalizando progresivamente.
Portafolio estableció que los saboteos y actos vandálicos contra los citados campos de producción, estarían motivados por intereses de grupos determinados que quieren mantener el control de los procesos de contratación de mano de obra local.
La petrolera colombiana definió nuevas políticas de vinculación laboral a través de agencias de empleo.