Francis Cheneval es profesor de la Universidad de Zurich (Suiza) y conocedor de la realidad colombiana. El experto en filosofía política habló con Portafolio durante una reciente visita al país, y se refirió a temas que surgirán cuando la administración Duque presente su propuesta de reforma fiscal.
En diferentes países se ha tomado la decisión de disminuir los impuestos a las empresas y Colombia podría hacer lo mismo. ¿Por qué se justifica bajarles las cargas a las sociedades?
Se justifica, en primer lugar, con el argumento de la competitividad del país en la economía mundial. Si Colombia quiere atraer y retener empresas internacionales en su territorio, el país tiene que ofrecerles condiciones adecuadas entre las cuales un nivel de impuestos bajos es importante, si bien no es el único atractivo.
Segundo, también para las empresas domésticas una baja de impuestos significa un impulso para sus actividades económicas de lo cual se aprovecha toda la economía del país.
Hay quienes opinan que menos impuestos empresariales implican menos equidad.
¿Está de acuerdo?
No necesariamente. Una fuerte actividad empresarial es el fundamento de cualquier modelo social equitativo. Hay que crear riquezas antes de distribuirlas. Como lo señaló Joseph Schumpeter, la actividad empresarial es la causa endógena del desarrollo económico.
Para evaluar la distribución equitativa de cargas hay que distinguir entre la empresa como persona jurídica y las personas que forman parte de la empresa, como los dueños, asalariados y acreedores. La empresa como tal crea la riqueza, los dueños, asalariados y acreedores la extraen en forma de utilidades, salarios, y pagos de interés.
Estas extracciones, a la cual se une la del Estado en forma de impuestos, reducen el capital que la empresa puede reinvertir en la creación de riqueza, incluyendo en la creación de puestos de trabajo.
¿Dónde debe estar la carga fiscal?
A mi juicio, en un modelo social equitativo el Estado pone la carga fiscal más importante no donde se crean las riquezas sino donde se extraen y se consumen. Es decir tiene sentido gravar los dividendos, las ganancias de capital no reinvertidos, y progresivamente los salarios altos y medianos, y el consumo de lujo. Está en el interés común de cualquier modelo social mantener un impuesto corporativo bajo.
En Colombia lo que pagan las personas en impuestos a la renta es bajo, según las comparaciones internacionales.
Hay rentas de capital y de trabajo. ¿Cómo se deberían distribuir esas cargas?
Si nos ponemos de acuerdo que la justicia económica se construye sobre el mérito y esfuerzo, y no sobre el ocio y la suerte, el impuesto a las ganancias de trabajo debería ser más bajo que el impuesto a las ganancias de capital. Entre esas yo incluiría también los salarios más altos en las grandes empresas que rara vez se justifican con el esfuerzo y el resultado de los gerentes. Resulta de eso que la carga más importante debería imponerse a las utilidades, dividendos, ganancias de capital y progresivamente a los salarios medianos y altos. Y todo eso con moderación para no estrangular la actividad económica.
¿Cuál es el camino para reducir la desigualdad?
Primero hay que tener claro que la aspiración a la igualdad económica perfecta es tan nociva como la desigualdad económica excesiva. La primera implica una fuerte represión que acaba con la responsabilidad individual y no conduce a nada más que la distribución igualitaria de la miseria.
La segunda elimina la libertad política y la convivencia cívica. Si combatimos la desigualdad económica excesiva no es para lograr la perfecta igualdad económica, sino para encontrar un equilibrio equitativo entre dos extremos.
¿Cómo se combaten?
La desigualdad excesiva se combate con medidas de predistribución y de redistribución. La predistribución es preferible porque se basa sobre regulación y no sobre la redistribución de riquezas por las manos del Estado con alto riesgo de corrupción. La medida predistributiva más importante consiste en una reducción de la diferencia entre los salarios más bajos y más altos por medio de negociación entre asalariados y empresas.
El derecho individual de los trabajadores con bajos salarios de organizarse libremente y de negociar colectivamente es una parte importante del combate contra la desigualdad excesiva. Como eso no beneficia a las personas más vulnerables de la sociedad se necesitan medidas de redistribución.
¿Cómo redistribuir?
Hay dos maneras. Una por el acceso público o a costo moderado a una infraestructura de buena educación, capacitación, salud, recreo y de transporte. La otra redistribución es individual y se efectúa por ayuda financiera individual a las personas más vulnerables de la sociedad.
La evasión de impuestos es un desafío global.
No obstante, en algunas sociedades hay menor propensión a evadir.
¿Cuál cree que es la razón?
Hay por lo menos dos razones. Una es la capacidad institucional del Estado de imponer la ley, la otra es la disposición de los individuos a no engañar al Estado y a la sociedad. Esta disposición depende en gran parte de la proporción entre el tamaño de los impuestos y el beneficio que las empresas e individuos puedan tener por la oferta de infraestructura pública.
En un Estado donde se roba la plata pública la disposición a no pagar impuestos está encerrada en un círculo vicioso de corrupción y evasión. Me parece que la carga fiscal no debería ser demasiada alta. Donde el régimen fiscal se convierte en uno de confiscación la evasión sigue con efecto casi natural.
En Suiza se han dado referendos en los cuales la población rechaza que se disminuyan los impuestos. ¿Cuál es la explicación?
Es la confianza que tiene la población en un Estado que controla por democracia directa al nivel municipal, cantonal y federal. Este Estado ofrece una buena infraestructura de educación, salud, transporte, etc. a cambio de un impuesto que la población consideró como adecuado.
Albert Einstein no tuvo otra educación universitaria que la pública en la Escuela Politécnica y la Universidad de Zurich. La población suiza votó contra la disminución de impuestos porque quiere mantener un buen nivel de infraestructura pública a un costo aceptable.