Este miércoles la Superintendencia de Sociedades advirtió a los empresarios que deben conocer e identificar a sus clientes y proveedores, y verificar si se encuentran en la 'Lista Clinton' u otras semejantes.
Dentro de dicha lista, elaborada y administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC (por su sigla en inglés), organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, figuran empresas y personas de todo el mundo presuntamente relacionadas con distintos delitos dentro de los que se cuentan financiación al terrorismo, vinculación a organizaciones terroristas y narcotraficantes, entre otros.
(Lea: Más de 800 empresas colombianas están relacionadas en la lista Clinton).
En la 'Lista Clinton' se relacionan los nombres de 460 empresas y 369 personas naturales colombianas.
En las últimas horas la Superintendencia de Sociedades lanzó una alerta para advertirle a los empresarios que deben conocer e identificar a sus clientes y proveedores, y verificar si se encuentran en esta u otras listas semejantes.
La mayor cantidad de reportados se encuentra en Cali (270), Bogotá (178), Medellín (118) y Barranquilla (63).
Estas firmas están clasificadas en muy diversos sectores económicos. Por citar solo algunos, pueden mencionarse los de la construcción, la minería, la agricultura, la ganadería, el comercio, el turismo, el transporte y la logística, la industria automotriz y las autopartes, el cambio de moneda, restaurantes y los textiles, entre otros.
Al cruzar la información, se verifica que algunas de esas empresas figuran también en los archivos de la Superintendencia de Sociedades, porque han sido sometidas a procesos de liquidación, después de ser intervenidas por las autoridades colombianas.
El Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, afirmó que “el organismo en cumplimiento de su política de supervisión por riesgos, ha identificado que entre las contingencias a las que están expuestas las compañías sujetas a su inspección, vigilancia y control, está la probabilidad de participar directa o indirectamente en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo”.