Después de varios meses de debate, Costa Rica logró aprobar en los primeros días de diciembre su reforma fiscal, una norma con la que el Gobierno prometió evitar una crisis financiera. Apenas dos días más tarde, Moody’s le rebajó la calificación crediticia.
Las razones: un cada vez más elevado déficit fiscal y un empeoramiento de la deuda pública que, incluso con la reforma, no lograría solucionar. Esta situación, aunque dista de los indicadores actuales que presenta Colombia, comparte varios parecidos con los problemas que aqueja la economía nacional. Por eso, ¿esta rebaja podría suponer una alerta para el país?
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De acuerdo con la agencia calificadora, el déficit fiscal de Costa Rica promedió el 5,2% del PIB desde el 2010, al tiempo que la deuda pública casi llega al 54% del PIB o al 360% de sus ingresos, niveles encima de sus pares con la misma nota crediticia.
Este mismo aspecto ha sido una crítica recurrente de las agencias de calificación a Colombia, pues aunque cuenta con un déficit fiscal de 3,1% y una deuda que ronda el 38% del PIB, también se ubica en la parte alta de los estándares esperados para su calificación.
Moody’s también explicó su decisión porque “incluso con la nueva reforma vigente, el déficit presupuestario seguirá siendo alto en los próximos años. La reforma apunta a reducir el déficit fiscal por debajo del 4% del PIB en 2023, a través de una combinación de aumento de ingresos y reducción de gastos”.
Colombia, con la ley de financiamiento, espera lograr el dinero para su presupuesto del 2019, pero, como se ha conocido, incluso con este plan, solo llegaría a $7 billones de los $14 billones necesarios. Asimismo, la Regla Fiscal establece la reducción en el déficit hasta el 1%, no obstante, el plan para reducir gastos e incrementar ingresos podría verse afectado por los menores precios del petróleo y una moderación en el crecimiento, dicen expertos.
De hecho, Anif llamó la atención en un informe reciente sobre la dificultad de alcanzar estos objetivos. “El recaudo no se incrementaría en 2020 y, de hecho, caería en -0,6% del PIB hacia 2022. Por esta razón, Anif calificó el planteamiento original del gobierno como una ‘ley de desfinanciamiento’ durante el período 2019-2022, y advertíamos entonces sobre una alta probabilidad de que Colombia perdiera un escalón en su calificación crediticia antes del año 2020 y, seguramente, su grado de inversión hacia 2021”.
Con todo esto, ¿existe el riesgo de que Colombia siga el mismo camino que Costa Rica? “La reciente reducción de nota en este último es clara advertencia, sobre todo debido a que la relación deuda-PIB ha subido mucho en los últimos años. Las calificadoras no han reducido la nota colombiana porque han dado un compás de espera a las autoridades para que presenten un plan de ajuste creíble; Costa Rica lo hizo pero no lo fue; no sería sorprendente que Colombia corra la misma suerte de Costa Rica”, dice Daniel Castellanos, analista y docente.
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Por su parte, el investigador de Fedesarrollo, Mauricio Reina, deja claro que “el caso costarricense pone presente la seriedad con que Colombia debe tomarse la labor de sacar adelante una ley de financiamiento que permita cumplir la Regla Fiscal. Ese es un mensaje clave en momentos que se oyen algunas voces que dicen que habría que flexibilizar la norma. Una decisión como esa sería delicada para las finanzas públicas y sería mal vista por las calificadoras de riesgo”.
De esta forma, en el mensaje que Moody’s le dio al Gobierno al asumir sus funciones, afirmó que este “enfrenta desafíos estructurales a medida que las metas de déficit fiscal se vuelven más difíciles de cumplir en un período de crecimiento moderado”, podría ser, más que nunca, una verdadera alerta de lo que podría pasar.