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Un nuevo capítulo en el caso que enfrenta a la multinacional española Naturgy (antes Gas Natural Fenosa) contra el Estado de Colombia se registró en días pasados.
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Y este precisamente sucedió en las instalaciones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial en Washington, cuando en una ausencia (entre el 5 y el 13 de diciembre pasados) los abogados de Colombia sustentaron con argumentos las razones por las cuales se procedió a contrademandar a la empresa española por $1,7 billones de pesos, incluyendo intereses, a finales del año pasado.
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Cabe resaltar que la cifra hasta ahora la hace pública la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje).
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Durante la audiencia el equipo de defensa nacional se concentró en demostrar que Electricaribe se encontraba en una precaria situación financiera, que le impedía prestar el servicio de energía eléctrica en los siete departamentos de la Costa Caribe.
Los juristas colombianos resaltaron que fue necesario proceder a la intervención (15 de noviembre 2016) para garantizar el suministro de electricidad en la Región Caribe y prevenir que se desarrollara una crisis financiera en el sector de energía eléctrica en Colombia.
Así mismo recalcaron que la intervención de la electrificadora no fue un acto político y no constituye una expropiación, como expone el equipo legal de Naturgy en sus alegatos.
“Ante la precaria situación financiera de Electricaribe por una decisión de negocio de Gas Natural, la Andje presentó, a finales del año pasado, una contrademanda en contra de Gas Natural por los perjuicios ocasionados al país como resultado de la mala gestión de Electricaribe”, recalcó la entidad a través de un comunicado.
Por lo anterior, el equipo legal de Colombia sustentó la contrademanda en cuatro ejes. Primero, que Colombia ha tenido que canalizar un monto considerable de recursos a Electricaribe durante la intervención para asegurar la prestación del servicio de energía eléctrica en la región.
Segundo, que las deficiencias del servicio de Electricaribe impactaron de manera adversa la industria y desarrollo de la Región Caribe, con la consecuente menor productividad y menor pago de impuestos.
Tercero, que el país recibió menos ingresos por concepto de los impuestos que habría pagado Electricaribe si hubiera sido bien administrada.
Y cuarto, que la administración de Gas Natural (hoy Naturgy) en Electricaribe desvalorizó la participación estatal en la empresa, ya que la Nación es dueña del 6,56% de las acciones de la electrificadora, titulos que van perdiendo valor.
El litigio entre la multinacional española y el Estado colombiano ya lleva dos años. Pero en junio de 2018, en ese entonces Gas Natural le reclamó al país pretensiones por US$1.547 millones de dólares, con fundamento en el Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (Appri), y alegando la expropiación de la empresa.
Además, los reclamos de la española Gas Natural (hoy Naturgy) por su inversión en Electricaribe incluyen supuestas violaciones al estándar de: trato justo y equitativo; protección y seguridad plenas; principio de trato nacional y expropiación.