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Los miembros del Comité Nacional de Paro sorprendieron ayer al Gobierno con un pliego de 104 puntos, que incluyen una serie de pedidos que se salen de los 13 puntos que habían presentado inicialmente, y con los cuales convocaron a los ciudadanos a protestar.
La nueva agenda que el Comité pretende discutir con el Gobierno es tan amplia que contempla profundas transformaciones que van más allá de la protesta original, como la reforma a la política de seguridad nacional, la revisión de los TLC, derogar la Ley Naranja y retomar la agenda con el ELN, entre otros.
Diego Molano, Secretario General de la Presidencia dijo ayer que algunos puntos de las peticiones se salen de la órbita constitucional y legal. “Aquí no se puede entrar a negociar el Estado”.
La extensión de las peticiones y los múltiples ámbitos a los que apuntan seguramente dificultarán el proceso de negociación entre las partes.
Algunas de las peticiones son: Abstenerse de promover cualquier acción que tenga como fin regular la protesta social, y disponer la libertad inmediata de los presos políticos.
Desmontar el Esmad y prohibir el uso de armas de letalidad reducida e inaplicación inmediata de los traslados de personas por protección.
Trasladar todas las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales que son conocidas por la Justicia Penal Militar, a la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía.
Eliminar la tercerización laboral y la intermediación de entidades privadas en la red pública de salud, en donde todos los recursos deben manejarse a través de instituciones públicas.
Dignidad laboral y pensional para los artistas y trabajadores de la cultura, y garantizar su contratación para eventos y producciones financiados con recursos públicos.
No tramitar las leyes de pensiones, ni laboral. Derogar el impuesto o tarifazo para salvar a Electricaribe, desmontar el Holding Financiero y derogar las leyes Naranja, TIC y Zidres. Implementar y asignar presupuestos para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos.
Retirar a Colombia de la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico (Ocde); garantizar al sector de transporte terrestre en todas sus modalidades la “reposición uno a uno” del parque automotor; que el Gobierno no adelante proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria; Ecopetrol debe ser una empresa 100% estatal; eliminación del impuesto del 4 por mil.
Trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción y garantía de aprobación de estos.
Desarrollar un programa Nacional de cultura y arte para la paz, la memoria y la convivencia; el Estado debe promover diálogos con todos los grupos armados para la consecución de la Paz y desmantelar los grupos paramilitares.
Replantear y modificar la doctrina militar y la política de seguridad y defensa; el desmonte total de las estructuras paramilitares y la judicialización penal de sus actores, con una veeduría internacional que garantice la transparencia de dicho proceso.
Realizar investigaciones eficaces que revelen los vínculos entre diversos sectores económicos, políticos y militares con los paramilitares; reconocimiento integral por parte del Estado de la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, la eliminación de las batidas militares con fines de reclutamiento.
Prohibir el fracking y cancelar los proyectos piloto, así como el uso del glifosato para la fumigación de cultivos ilícitos. Reconocer el agua como derecho humano fundamental, bien público y común, garantizando su flujo natural, al igual que declarar la emergencia climática y ecológica.
Realizar un nuevo censo de población que reconozca a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.