El contralor general Edgardo Maya Villazón y el procurador general Fernando Carrillo Flórez, calificaron como ‘un mal ejemplo para el país’ el acuerdo aprobado por la Corte Suprema de Justicia que obliga al ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, a pagar cinco años de cárcel y a devolver solo 4 mil millones de pesos definido en el principio de oportunidad, no obstante que los hechos que por los cuales se le concedió hablan de un desfalco de 115 mil millones, a cambio de su colaboración en la investigación del llamado ‘cartel de la toga’.
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“Significa que aquí se puede delinquir, ¿cometer los actos de corrupción más atroces y luego pagar penas irrisorias y devolver sumas insignificantes de lo que desfalcaron?”, expresaron los funcionarios. Ante este hecho, tanto el Contralor como el Procurador, anunciaron que iniciarán un incidente de reparación de perjuicios ante la Corte Suprema de Justicia.
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“Acudiremos a todos los recursos que nos ofrece la Constitución y la ley para defender el patrimonio de los colombianos (…) Nos hemos pronunciado en todas las etapas del proceso, porque consideramos que este acuerdo no le hace justicia a las víctimas de estos escandalosos actos de corrupción, que han indignado a todo el país”.
Maya Villazón recordó que la Contraloría General ha actuado como víctima dentro del proceso y que se había opuesto desde el inicio del trámite al principio de oportunidad acordado entre la Fiscalía General y el exgobernador Lyons, quien enfrenta en la Contraloría 6 procesos de responsabilidad fiscal por más de 66 mil millones de pesos. El más relevante, y por el cual se han decretado medidas cautelares, es el del “cartel de la hemofilia”, por 54 mil millones de pesos.
Por su parte la Procuraduría General le formuló pliego de cargos por pagar terapias de neurorehabilitación que nunca tuvieron contratos reales y también es investigado por el llamado ‘cartel de la toga’, del que ahora es testigo estrella.
Finalmente Carrillo Flórez y Maya Villazón, consideraron que es necesario revisar este sistema en cuanto a las penas a imponer y los mecanismos que se utilizan.