Uno de los principales obstáculos que presenta el desarrollo de la infraestructura vial en el país son los conflictos contractuales, pues son de los que más quitan tiempo para la terminación de las obras.
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Ante esa situación, se creó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en 2011, cuya tarea es mejorar la estructuración de los contratos de infraestructura y evitarle millonarios pagos al Estado. En ese proceso, la entidad le ha ahorrado al menos $2,4 billones de pesos en 39 tribunales arbitrales al fisco.
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Según Dimitri Zaninovich, presidente de la ANI “estos resultados son una muestra del acierto que tuvo el Gobierno Nacional al crear la ANI como una entidad técnica capaz de estructurar, contratar y ejecutar las más importantes obras de infraestructura que requiere el país, y de un equipo altamente calificado en defensa judicial que garantiza la seguridad jurídica de todos los proyectos”.
Para la ANI, los tribunales de arbitramento se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada para que este tipo de conflictos se solucionen más rápido. “Los contratos de concesión han tenido pacto arbitral, o sea desde la primera generación casi todo se resuelve en tribunales. De hecho, se han incrementado porque la mayor cantidad de pleitos es de la tercera generación, y la ejecución de esos proyectos en términos generales empezó realmente al inicio de los años 2010”, explicó la entidad.
De los 23 laudos emitidos en vigencia de la ANI, un tribunal en promedio demoró hasta la decisión final dos años y seis meses. El más expedito fue de un año y dos meses mientras que el más largo fue de cinco años y tres meses.
Aun así, es más rápido que el tiempo promedio de emisión de las sentencias en segunda instancia en la jurisdicción administrativa, ha llegado a registrar casos de hasta 10 años.
Actualmente, la ANI ha participado y participa en un total en 79 tribunales, de los cuales hay 34 en curso, 23 terminados con laudo, 16 terminados con conciliación, y seis terminados con otras formas de conclusión.
“Nuestra defensa en los tribunales arbitrales la hemos orientado principalmente en garantizarle a los colombianos que los contratos para la construcción de la infraestructura se deben ejecutar en los tiempos y en las condiciones con las que se fijaron desde el inicio”, indicó Zaninovich.
EL PAPEL DE LOS LAUDOS
Cabe resaltar que por los tribunales del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es la más grande del país, han pasado los pleitos de obras como la Ruta del Sol, el Túnel de la Línea, la vía Bogotá-Girardot, entre otros.
Allí, la ANI ha tenido que entrar a defender los intereses de la Nación, que de otra manera serían resueltos con la justicia ordinaria, lo que trabaría el desarrollo normal de las obras de infraestructura.
El mecanismo de arbitraje es un método alternativo de solución de conflictos, dirigido por particulares, compuesto por tres árbitros, un secretario y un centro que administra el trámite.
Cabe destacar que dicha labor es una justicia que tiene un costo para las partes, dependiendo de la cuantía de la controversia y con límites a estos honorarios y gastos, fijados en la ley y en los contratos.