El superintendente de Salud, Luis Fernando Cruz, estaría en una verdadera encrucijada, a juzgar por los últimos hechos alrededor de las actuaciones oficiales con respecto a la EPS Medimás.
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En su escritorio, desde mediados de la semana pasada, reposa la documentación enviada por el procurador, Fernando Carrillo, y el contralor, Edgardo Maya, en la que sustentan la petición de que intervenga esta empresa. El límite para su respuesta son cinco días hábiles, los cuales se cumplirían entre el jueves y el viernes de esta semana.
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Las cabezas de estas entidades afirmaron que Medimás no implementó el modelo de salud al que se comprometió al comprar Cafesalud, pone barreras de acceso que desencadenaron en por lo menos 2.900 tutelas, supera el 10% de gastos de administración permitidos y habría falta de transparencia en el manejo de los recursos que recibe del Gobierno por aseguramiento.
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Varias fuentes del sector coincidieron en que el aumento de la suspensión del exsupersalud Norman Julio Muñoz, de tres a ocho meses, por haber (según la Procuraduría) permitido que Medimás iniciara operaciones sin contar con las condiciones requeridas y no tomar medidas oportunas ante las fallas en el servicio a los pacientes, trae un mensaje implícito para Cruz en caso de no atender su pedido sobre la EPS que empezó a funcionar el 1 de agosto del 2017, tras comprar los activos y heredar más de 5 millones de afiliados de Cafesalud.
Sin embargo, obedecer los pone a él y al Ministerio de Salud frente de un dilema de talla mayor, pues no solo marcaría el fracaso del experimento con el cual se buscaba resolver el lío de la fallida Cafesalud, sino que se pondrían en veremos los $1,45 billones que los accionistas de Medimás aceptaron pagar y habría que resolver cómo atender a 4,3 millones de afiliados, que aún tiene.
Jaime Arias, exministro de Salud y presidente del gremio de las EPS del régimen contributivo (Acemi) comenta que manejar una de estas empresas es muy complejo, y más si se trata de una tan grande como Medimás, lo cual sugiere que el primer reto es poner en el cargo a alguien capaz de resolver los problemas, y no que los empeore.
De hecho, intervenciones previas como las de Saludcoop y Cafesalud resultaron afectando más la estabilidad de la empresa, a la vez que se acumularon más quejas por trabas al acceso a servicios y por la mala calidad de los mismos.
“Si se hace, habría que ver cómo sería la intervención, porque normalmente estos procesos son o para mejorar la empresa o para liquidarlas”, recalcó Arias.
Portafolio buscó la opinión del Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, pero no hubo ningún pronunciamiento. Sin embargo, una fuente del Minsalud dio a entender que, por lo pronto, la intervención no está contemplada. “Para que el remedio no sea peor que la enfermedad, Medimás requiere estabilidad. Esta EPS tiene dos investigaciones de la Supersalud, pero también viene en un proceso de mejora”, dijo la fuente, quien reiteró los fracasos sufridos en trances de este tipo.
El octubre del año pasado, cuando también había una petición en este sentido, tras acumularse más de 15.000 quejas, peticiones, reclamos y solicitudes (PQR) contra Medimás, el ministro Gaviria difundió por Twitter que “más allá de la investigación disciplinaria, más allá de los señalamientos, que no resuelven el problema, nuestra responsabilidad es garantizar que la EPS Medimás continúe fortaleciendo los procesos, termine de consolidar la red de atención y fortalezca sus mecanismos de gobierno”.
¿liquidación?
El presidente de Medimás, Néstor Arenas, le dijo hace una semana a este diario que ya está completa su red de 1.670 prestadores, que han bajado la tasa de PQR de 28 por cada 10.000 afiliados a 18 y que en dos meses llegarían a 12 o 13. Y refutó que estén gastando más de lo permitido en administración; según él llegan solo al 7,6%.
Carlos Francisco Fernández, el expresidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y médico asesor de El Tiempo Casa Editorial (ETCE), es partidario de una vigilancia fuerte, pero criticó los anuncios de una potencial intervención por las consecuencias que tienen en la confianza de los hospitales y usuarios en Medimás, lo que a la larga perjudica es a los pacientes.
Según Fernández, si se llega a tomar esa decisión debe ser bajo varias condiciones: certeza sobre las supuestas fallas, que se haga sin retórica y que haya un plan para la atención de los afiliados. “Bienvenido el papel de los entes de control, pero sin generar pánico, desconfianza, y sin incrementar el caos en un sistema que no resiste un escándalo más”, afirmó.
Jairo Humberto Restrepo, director del Grupo de Economía en la Salud, de la Universidad de Antioquia, y presidente de la Asociación Colombiana de Economistas de la Salud, apuntó que las denuncias contra Medimás sí darían para la intervención, pero “antes se debe tener claro cuál es el problema y dar un plazo perentorio para resolverlo”.
Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, también se mostró de acuerdo con la labor de Contraloría y Procuraduría, pero fue más allá al pedir la liquidación, ante eventos que evidenciarían inexperiencia, una estrategia de barreras de acceso y posibles malos manejos. Citó el video en el que el director de Salud de Esimed (firma que presta servicios a Medimás) insta a los médicos a bajar costos y formular solo medicamentos genéricos.
Además, mencionó supuestas irregularidades como la contratación por más de $300.000 millones con Century Farma para el suministro de medicamentos, cuando solo se habría conformado el 17 de septiembre con un capital de un millón de pesos y la misma sede de Medimás. Por otra parte, “la red más cambiante es la de Medimás porque los contratos se hacen a 180 días y están utilizando todas las barreras de acceso posibles”.
En ese caso, a su juicio, se debería sacar de nuevo a la venta la operación o distribuir los afiliados en las tres o cuatro EPS que estén mejor calificadas. Todos insisten en que lo que debe primar es el derecho de los pacientes a tener buenos servicios de salud.
