El mecanismo de asociaciones público-privadas (APP) ha servido, en los últimos años, como salvavidas para financiar megaproyectos en Colombia, pero su expansión a largo plazo habría llegado al techo.
Este fue uno de los anuncios hechos por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien indicó que el espacio fiscal del país, a corto, mediano y largo plazo, es muy poco y, por ende, ya no se podrían apropiar más vigencias futuras como las que se han hecho en los últimos años.
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Según cifras del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2018, el total de vigencias aprobadas hasta el 2048 está en cerca de $93 billones, cifra que incluye las tres olas de las vías de cuarta generación (4G), la primera línea del metro de Bogotá, iniciativas de paz y proyectos de vivienda, entre otros.
LLEGARON AL TECHO
Teniendo en cuenta que este compromiso ya es cercano a los 10 puntos del Producto Interno Bruto (va en 9,3%), el ministro Carrasquilla le puso un freno de mano a su uso.
“La expedición de vigencias futuras, en las magnitudes que se han dado, se acabó. No hay el espacio fiscal para comprometer esos recursos, porque consideramos la expedición de estas como una obligación igual a una de TES (títulos de deuda pública)”, indicó el Ministro la semana pasada en una rueda de prensa.
Y agregó que el Gobierno Nacional está de acuerdo con el techo establecido por la anterior administración (que es de $99,7 billones, según datos del MFMP); en otras palabras, deja entrever que a la Nación le quedan cerca de $7 billones, eso sin contar los recursos ya aprobados por el Conpes para dos troncales de TransMilenio (avenidas Ciudad de Cali y 68), en Bogotá, que son $4,02 billones.
En resumen, solo quedarían recursos por $3 billones. “Las vigencias futuras son obligaciones que, sin duda, hay que honrar y se van a honrar; no nos cabe en la cabeza hacer jugarretas para no cumplir esos compromisos”, enfatizó el jefe de la cartera.
(En mediano plazo, la infraestructura jalonaría el crecimiento del país).
Este diario consultó con un técnico del Minhacienda, quien explicó que el freno a las vigencias no quiere decir, que se volverá al método de obra pública (polémico en su momento), sino que el Ejecutivo se concentrará en terminar las más de 30 vías 4G ya adjudicadas, sobre todo sacando adelante las que ya tienen cierre financiero definitivo y consiguiendo los recursos para las que todavía no los poseen.
Entre tanto, y suponiendo que el espacio fiscal de aprobación de vigencias futuras es de apenas 0,7% del PIB, analistas creen que proyectos de gran importancia para el país –como los accesos a las grandes ciudades, que conectarían las urbes con las vías 4G– quedarían en veremos. Incluso, el tope podría ser inferior, ya que en el MFMP de este año se establece que el límite anual de apropiaciones por este mecanismo no puede sobrepasar el 0,4% del PIB.
Al respecto, Argelino Durán, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), explicó que el bajo ritmo que tendría la aprobación de vigencias futuras podría afectar la inversión en infraestructura.
GREMIOS REACCIONAN
“Lo que va a pasar es que el rezago en infraestructura se volverá a incrementar, porque la situación fiscal del país no da para más. De hecho, el Banco Mundial había dicho que teníamos que invertir entre 6% y 7% para ponernos al día en ese sector, y este año cerraríamos en 3%. La idea es no bajarse de ahí”, dijo Durán.
Según las proyecciones del MFMP, el gobierno de Iván Duque no tendría un gran margen de maniobra para asignarles vigencias futuras a más megaproyectos, como los que se empezaron a ejecutar en la pasada administración.
(Cierres financieros de las 4G sumarían 8,2 billones este año).
De hecho, la decisión de ponerle un freno a la expansión de vigencias futuras es consistente con el Marco Fiscal, si se tiene en cuenta que esta administración tendrá que cumplir –de aquí al 2022– con 2,4% del PIB en vigencias, equivalentes a casi $24 billones.
No obstante, a medida que vaya pagando estos dineros, se irá liberando espacio para comprometerlos nuevamente, aunque esto no le tocaría al actual jefe de Estado.
“Creo que Duque no tiene mucho espacio para invertir en grandes proyectos, pero el siguiente presidente, sí. En ese sentido, creo que va a haber una caída importante en la inversión en infraestructura una vez las 4G ya estén construidas y en operación”, agregó Durán.
Por otro lado, Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), resaltó que, aunque el nuevo gobierno asegura que no hay posibilidades para invertir en grandes proyectos, existen aún tareas pendientes que se deben aplazar.
“Confiamos en que, en la priorización del espacio fiscal disponible, quepan obras prioritarias insoslayables, especialmente, aquellas que tiene que ver con el complemento de los corredores de comercio exterior, e igualmente obras del programa 4G que son fundamentales para la competitividad del país y el repunte de la economía”, manifestó el directivo.
En ese sentido, cabe recordar que todavía queda pendiente que el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) apruebe los recursos para la nueva APP que tiene por objeto recuperar la navegabilidad del río Magdalena y se completen los cierres financieros de la mitad de los proyectos de las 4G.
Caicedo también indicó que la clave para la sostenibilidad del sector de infraestructura es que “se haga una gestión contractual efectiva de los proyectos que vienen andando, para que así las obras terminen a tiempo, se les dé tranquilidad a los financiadores y se evite un ambiente litigioso. Es necesario que la infraestructura de transporte siga siendo prioritaria en la agenda de desarrollo del país”, concluyó.