Un grupo de especialistas -técnico y jurídico- reunido en un Panel de Expertos que acompañe la ejecución de las grandes obras de infraestructura de comienzo a fin, podría ahorrar a las entidades públicas y a sus contratistas pleitos judiciales, tiempo y dinero por cualquier diferencia que se presente en el proceso de construcción entre las partes y resolver controversias en un promedio de 30 días.
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Esta fórmula podría aplicarse a obras como el Metro de Bogotá o TransMilenio por la 7ª y evitarse líos judiciales como el del Metro de Medellín que tardó 6 años en resolverse, tal como lo planteó en la II Jornada de Infraestructura y Derecho: Arbitraje en Infraestructura de Transporte el experto Juan Manuel Díaz Guerrero, de Cremades & Calvo-Sotelo, firma multinacional de abogados que asesora, entre otros, a inversionistas extranjeros en Colombia.
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La propuesta se discutió entre una docena de los más calificados especialistas en la II Jornada convocada por la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), entre quienes se encontraban representantes -abogados e ingenieros- de las grandes obras que hoy se adelantan en el país, como una alternativa que iría antes que la instancia de Amigables Componedores y el Tribunal de Arbitramento el cual, según explicaron por cifras internacionales, tarda, en promedio, 31 meses. Todos los mecanismos son complementarios y no excluyentes entre sí.
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“Son 31 meses que en muchas ocasiones afectan a la obra, incluso se paran, con grandes costos para los dueños del proyecto, los contratistas y la ciudadanía en general, por eso se abre un buen espacio para esta posibilidad de solución de conflictos”, dijo Díaz Guerrero quien agregó que para poner en marcha este mecanismo con las entidades del Estado se requiere una decisión de las dos partes y propuso a la CCI estudiar la posibilidad de presentar un proyecto de ley en el Congreso de la República a fin de dar el sustento jurídico legal a este mecanismo alterno.
Es una gran solución, no en vano el Banco Mundial lo exige en los contratos que financia en obras superiores a los 50 millones de dólares, igual el Fondo Monetario Internacional, FMI, pues daría seguridad jurídica a los involucrados en un contrato. Muchas decisiones de tipo técnico no dan espera y podrían generar costos elevados. Cuando se ha aplicado resuelve y previene cualquier controversia en un 98 por ciento evitando acudir a los estrados judiciales o a los tribunales de arbitramento, indicó Díaz Guerrero.
Agregó que en algunas concesiones como en las de la Ruta del Sol en el año 2010 y en la Ruta de las Américas se utilizó el Panel de Expertos, pero posteriormente un pronunciamiento -no vinculante- del Consejo de Estado conceptuó que las Entidades Estatales solo podrían pactar los mecanismos de solución de conflictos incluidos expresamente dentro de la ley, el cual fue acogido por la Contraloría General de la República, incluyendo unos hallazgos en el 2014 que conllevaron a la eliminación de dicha figura en los contratos celebrados posteriormente, por lo cual Díaz considera que ante la inseguridad jurídica bien podría asegurarse esta fórmula mediante un proyecto de ley.
El Panel de Expertos es un equipo de profesionales altamente especializados que acompañan mediante contrato toda la obra desde el comienzo, tienen el conocimiento total y en detalle del desarrollo de trabajos a fin de que cuando intervengan a resolver cualquier controversia de orden técnico, financiero, arquitectónico, de diseño, o de diversa causa, puedan hacerlo inmediatamente en un tiempo no mayor a 30 días.
“Los ahorros en dinero y en tiempo son las grandes bondades, pues cuando las decisiones se demoran traen consecuencias para la administración pública, para el contratista pero finalmente para la sociedad que está viéndose perjudicada por obras que se demoran más de lo necesario. Adicionalmente es una solución ya probada a nivel internacional.”, puntualizó el experto de Cremades & Calvo-Sotelo.
Lo pueden decidir entre el contratista y el contratante directamente de mutuo acuerdo desde el comienzo. En estos momentos se podría llegar a aplicar en todas las obras de infraestructura que se están realizando en el país de gran calado económico, de impacto social y que ameritan tener un método de resolución de conflictos que les permita la continuidad y la debida ejecución de los contratos.
“Habitualmente las diferencias pueden llegar a ser muy extensas y desgastantes porque hay una tendencia natural a que la Entidad defienda su proyecto tal como lo presentó, y en igual sentido actúan las interventorías, lo cual hace difícil la discusión. Lo ideal es que las obras se acaben dentro del término pactado, pero hay imprevistos y visiones diferentes de las obligaciones, lo cual no significan que el proyecto no haya tenido una planeación adecuada, sino que es difícil identificar todas las variables desde el momento en que se planeó el proyecto”, expresó Díaz frente a un auditorio de constructores, diseñadores y líderes de proyectos de infraestructura.
Una de las diferencias con el mecanismo de Amigables Componedores, que también cuenta con sus ventajas, es que en este caso no están desde el inicio del contrato, sino que se designan cuando se presenta la controversia. Igualmente sucede con el arbitramento, que tantas soluciones le ha dado al sector de infraestructura. En conclusión, dijo, existen diferentes mecanismos y es importante identificar qué diferencias tiene cada mecanismo de solución de conflictos.
Alejandra Buitrago S.
Especial para Portafolio
