El negocio de las fotomultas fraudulentas está próximo a recibir su estocada final en Colombia.
Esto, debido a que el Ministerio de Transporte presentó el borrador de reglamentación que dicta las nuevas reglas de juego para dichos sistemas y cuya versión final deberá estar lista, por tarde, el 14 de enero del 2018.
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En principio, el documento establece que para instalar una cámara de detección, las autoridades de tránsito deberán contar con aval del Mintransporte y la Dirección de Tránsito y Transporte, previa autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).
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Esta última revisará que el privado tenga un plan y un diagnóstico de seguridad vial, un análisis específico de riesgos, un diagnóstico de contravenciones de tránsito, indicadores y metas, entre otras cosas.
Alejandro Maya, viceministro de Transporte, explicó que hay cuatro puntos claves: “Las fotomultas deben señalizarse a 500 metros de distancia como mínimo, se señala la metodología para que los alcaldes soliciten el aval ante la ANSV y el Mintransporte, y también se especifica que los sistemas deben ser calibrados y que los privados no pueden recibir más del 10% del recaudo”.
Así las cosas, una vez se firme la resolución, los actuales operadores tendrán 6 meses para acoplarse a las exigencias técnicas que dicta la cartera de Transporte, lo que indica que deberán solicitar a la ANSV y el Mintransporte y deberán estar señalizadas.
“El interés superior es que se conviertan en herramientas poderosas para disminuir accidentes y salven vidas, no que sea un negocio”, concluyó el Viceministro, quien recordó que, el año pasado, por estos sistemas se facturaron unos $2 billones.
En plata blanca, esto quiere decir que se impusieron cerca de 1’800.000 comparendos electrónicos en Colombia, cifra que en el 2010 llegó a menos de 1.000.