El Pacto por la ciencia, tecnología e innovación (CTI) que propone el actual gobierno en el PND presentado al Congreso para su aprobación parte de reconocer los bajos niveles de desarrollo científico y tecnológico y, por tanto de innovación, que presenta el país. Sin embargo, las acciones que ofrece el Plan para superar esa situación son insuficientes y carecen de los recursos necesarios para alcanzar el propósito que plantea: “construir el conocimiento de la Colombia del Futuro”.
CONSTATACIÓN DE LA REALIDAD
No es un secreto para nadie que Colombia es un país atrasado en el contexto internacional – incluso en relación con los vecinos latinoamericanos - en su desarrollo científico, tecnológico y de innovación. Para mencionar solo algunos indicadores la cantidad de patentes otorgadas a nacionales en promedio anual durante los últimos diez años es de 71, frente a 714 de Brasil, 281 de México, 249 de Argentina o 129 de Chile. Colombia alcanza 0,53 investigadores por cada mil personas activas económicamente, frente a un promedio latinoamericano de 1,69.
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Estas cifras no son sorprendentes si se tiene en cuenta que el nivel gasto en actividades de ciencia y tecnología como porcentaje del PIB, así como en investigación y desarrollo es también menor que el de los anteriores países, e incluso que el de Costa Rica.
Pero aún más, el patrón de desarrollo económico adoptado para Colombia desde los años noventa del siglo pasado descansa de manera preponderante sobre las actividades extractivas minero energéticas y de grandes explotaciones agrícolas, todas de escasos encadenamientos con la industria, por lo que esta no se constituye en el frente que pueda jalonar la investigación científica y tecnológica, base imprescindible para la innovación.
Sin embargo, el PND propuesto no contiene los elementos que puedan dar un cambio a esta situación. En su concepción general, más de allá de los numerosos “pactos” que lo configuran, el puntal de la acumulación económica sigue siendo el extractivismo, cuyas posibilidades para introducir dinámica al sistema económico depende del comportamiento altamente fluctuante de los precios internacionales de las materias primas, como se ha visto a lo largo de lo corrido del siglo XXI. Sin obviar que todo depende del mal o buen manejo que se le dé a las entradas de divisas al país en las épocas de bonanza.
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LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
En relación con las actividades de CTI, el pacto pone el énfasis en la coordinación institucional requerida para que todas las entidades oficiales y privadas relacionadas con lo que denomina el sector ACTI desarrollen sus funciones mancomunadamente, en torno a programas y acciones definidas y con metas fijadas, en varios casos de alcance no muy claro y con indicadores de difícil verificación.
El propósito es loable, pues se sabe que en Colombia la interacción entre las instituciones públicas ha sido históricamente problemática y lo es más aún con las del sector privado. En este caso, como parecería natural, el énfasis recae sobre Colciencias, entidad que ha sido duramente criticada por su inestabilidad administrativa y la débil proyección a futuro en los fines de su incumbencia.
Aunque no lo resalta el Plan, en la comunidad científica del país existen grandes expectativas en lo que pueda alcanzar en estos aspectos el recién aprobado Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación, que se espera entre en funciones hacia el año 2020. Parecidas esperanzas se vieron frustradas cuando Colciencias fue elevado a la categoría de Departamento Administrativo.
INNOVACIÓN, ACADEMIA Y FINANCIAMIENTO
Uno de los puntos débiles de toda la estrategia (o pacto) radica en que -al igual que planes de desarrollo de gobiernos anteriores que también destacaron en su discurso a la ciencia y la tecnología, en la práctica la concepción es tan solo de innovación. Si bien esta última es importante en sí misma, todos los planes han pasado por alto que para alcanzar la innovación tecnológica que impacte los procesos económicos y sociales se requiere de una base de producción científica que se genera en las universidades o en institutos de investigación: el conocimiento base para ser aplicado como tecnología en el aparato productivo que lo demande. El Plan no propone acciones ni para lo uno ni para lo otro. En el texto la academia queda relegada a la relación que debe establecer con el aparato productivo en la ya desgastada enunciación de la “relación Universidad - empresa“.
El otro punto débil en que recae la estrategia es el de su financiación. Nuevamente, igual que en el pasado, no se le asigna al Estado la responsabilidad que le cabe (máxime en un país de las características de desarrollo económico como Colombia) para orientar los recursos financieros requeridos en pro de adelantar programas de investigación básica en áreas de conocimiento claves en el mundo de hoy como la bio y nano tecnología, nuevas energías, nuevos materiales, las tecnologías de información y comunicaciones, y la interacción entre todas estas, lo que ha dado en llamarse cuarta revolución industrial.
La responsabilidad queda asignada al 50 % de recursos que debería aportar el sector privado, incentivado con las rebajas impositivas otorgadas en la reforma tributaria o ley de financiamiento aprobada por el Congreso a finales de 2018. Aquí cabe recordar (para no quedarnos tan solo en los fracasos de nuestros planes de desarrollo) que varias investigaciones realizadas para diversos países han mostrado cómo los estímulos tributarios recibidos por las empresas simplemente se dirigen a reemplazar las inversiones que de todas maneras éstas habrían hecho.
Curiosa manera esta de concitar a un pacto en donde una sola de las partes propone, otra acepta, una tercera se ve marginada, y quien debería aportar los recursos se desmonta por las orejas. No sobra hacer explícito que para que una propuesta de este tipo pueda tener alguna oportunidad de éxito, debería contemplar el fortalecimiento de la educación pública de calidad, la inversión pública en investigación y la definición de programas de investigación estratégicos de largo aliento. Y en la actual coyuntura, dotar al naciente Ministerio de CTI de todas las herramientas para que lo anterior sea posible.
Álvaro Zerda Sarmiento
Universidad Nacional de Colombia,
Centro de Investigaciones para el Desarrollo
