En Colombia, cada año se gastan, por lo menos, $1,5 billones en medicamentos con un alto componente tecnológico en su producción. De ese tamaño sería la discusión que tiene enfrentados a los laboratorios extranjeros y al Gobierno por la norma que permite el ingreso al mercado de productos similares a estos, por un mecanismo rápido llamado ‘tercera vía’.
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La controversia se centra en la parte del Decreto 1782 del 2014, que permite que los productos genéricos denominados biosimilares –porque se parecen a una molécula original desarrollada por un laboratorio–, lleguen al país o se produzcan sin pruebas diferentes a las que ya hayan hecho los creadores del principio activo.
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La intención es eliminar las trabas de introducción y generar así una competencia que abarate los tratamientos que resultan más onerosos para el sistema de salud, con el fin de poder extender su uso a más gente que los requiere.
El artículo 9 de este decreto fue demandado por Afidro, el gremio de las multinacionales farmacéuticas. Su argumento es que atenta contra la seguridad de los pacientes. “Como ningún producto biológico es exactamente igual a otro, el nuevo fabricante debería al menos demostrar que su propio proceso de manufactura, por muy similar que sea al del productor original, no les hace daño a los pacientes", dijo el presidente del gremio, Gustavo Morales.
Por eso, le pide a la máxima instancia contenciosa que, en vista de que el fallo de fondo puede tardar varios años, suspenda mientras tanto la aplicación.
Sin embargo, en su alegato presentado el martes pasado ante el alto tribunal, el Minsalud asegura que lo que buscan es retrasar el ingreso de competencia, con un claro interés económico y comercial. Para sustentarlo, cuenta que el segmento de medicamentos biológicos es el de mayor crecimiento y son los más caros. En general, son indicados para enfermos de cáncer y las llamadas enfermedades huérfanas.
“Ya varios de esos medicamentos, que eran patentados, cuentan con competidores en el mercado en Colombia y en otros países. Así, las millonarias ganancias que estaban aseguradas por la existencia de patentes se ven amenazadas por el vencimiento de estas últimas”, dice el texto entregado por el Gobierno.
Añade que con el Decreto 1782 no se comprometerá la calidad, seguridad y eficiencia de los biogenéricos porque se mantienen controles a las exigencias a buenas prácticas de manufactura.
Según cálculos del Minsalud, cuando un biotecnológico ingresa, su precio oscila entre 50.000 y 250.000 dólares anuales por paciente. En el caso colombiano, entre el 2010 y el 2015 el erario, a través del Fosyga, tuvo que asumir costos por $17,5 billones por medicamentos no incluidos en el plan básico de salud, y de ellos por lo menos la mitad, unos $9 billones eran biotecnológicos, es decir, $1,5 billones por año. Asinfar, el gremio de las farmacéuticas nacionales, que contradice a Afidro, afirma que los biotecnológicos pesan 30% en el gasto de medicinas, mientras que en unidades son el 2%.
“Demostraremos que no hay lugar a nulidad del articulo 9”, anotó su presidente, Alberto Bravo.