Una de las noticias que más sonó en el país el año pasado tuvo que ver con la alta tasa de desempleo del 10,5% en el total nacional, siendo la más alta desde 2012. Aunque esta cifra es alarmante, en algunas ocasiones parece dejarse de lado la situación que se enfrenta en esta materia desde la zona rural colombiana. Algo que también merece verse con atención para buscar soluciones integrales al problema.
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Precisamente, sobre este tema Andrea Otero Cortés, investigadora del Banco de la República, publicó recientemente un informe sobre el mercado laboral en el país entre 2010 y 2019, en parte para aportar a esa radiografía que puede ser un insumo para la construcción de política pública del campo en este tema.
Cabe mencionar que este documento no compromete al Emisor, ni a su Junta Directiva, según se detalla en el mismo texto.
Con el objetivo de presentar los cambios, avances y los problemas que persisten en el mercado laboral rural, la investigadora utilizó información reportada en la Gran Encuesta Integrada de Hogar (Geih) del Dane durante el periodo en mención.
De acuerdo con Otero, hay tres problemas fundamentales que están afectando el empleo en dicha zona del país y deben ser tratados de manera prioritaria.
Uno de estos es la baja participación laboral femenina comparada con la de los hombres en las zonas rurales y la de las mujeres ubicadas en las cabeceras. En este punto, en el estudio se menciona que “la brecha en participación entre mujeres y hombres rurales y entre mujeres rurales y urbanas es de 36 pp y 17 pp, respectivamente”.
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Relacionado al punto en mención, la investigadora indica que la tasa de desempleo femenina es más alta en las zonas rurales que en las cabeceras.
El segundo aspecto que encontró en su estudio está relacionado a las tasas de informalidad laboral rural, “las cuales son significativamente más altas que las urbanas y la cobertura pensional rural es precaria (inferior al 15% para todo el periodo analizado)”.
El tercer punto, según Otero tiene que ver con el trabajo infantil que, “aunque ha disminuido en el tiempo, todavía una proporción significativa de niños y adolescentes trabajan de forma ilegal y, además, no asisten al colegio por estar trabajando”, dice el documento.
Para documentar lo anterior, la investigadora indica en su informe que, entre 2012 y 2018, la tasa de trabajo infantil (TTI) para los centros poblados y rural disperso (Cprd) pasó de 17% a 11,8% y la tasa de trabajo infantil ampliada por oficios en el hogar (Ttia) pasó de 24% a 17% en el mismo periodo de tiempo.
Respecto al dato nacional, la TTI pasó de 10,2% a 5,9% y la Ttia de 15,8% a 10,3%. “Esto indica que el trabajo infantil es, sobre todo, un problema de las áreas rurales, en donde la TTI es el doble de la nacional aún en 2018”, resaltó Otero en su estudio.
OTROS DESAFÍOS
De acuerdo con Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, “el gran problema del sistema de relaciones laborales rurales está centrado en la informalidad que alcanza el 88% dada la ausencia de mecanismos de adaptación en la regulación que habiliten la inclusión en los esquemas de derechos y protección social estructurados para el trabajo urbano”.
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Según Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), “la tasa de informalidad de la ruralidad colombiana es de 86%, mientras que el promedio nacional está por el orden del 47%. Segundo, nos estamos quedando sin mano de obra en muchos lugares del campo y la población se ha venido envejeciendo”.
Con base en esto, Bedoya explica que hay un reto de formalización y de atraer la mano de obra. Para lo cual hay que hacer varias cosas como, entre estas, trabajar en la rentabilidad de las actividades productivas que permita generar empleo.
Además, aseguró que “hay que repensar los sistemas de contratación laboral del campo colombiano. Toda vez que, muchos trabajos rurales son por estacionalidad de las cosechas, por jornadas de siembras, a veces los trabajadores pueden tener más de un empleador en el mismo día y el sistema actual no permite el pago por horas o por jornadas con los aportes a salud y pensión”.
Más allá del mercado laboral, Bedoya explicó que hay otras medidas que tienen impacto en la ruralidad como lo es la construcción de vías terciarias que “permitirá que llegue el desarrollo, se genere empleo en la construcción de las mismas y que al conectar los campos con los centros de consumo se empiece a generar una dinámica positiva”.
Respecto a la generación de mayores oportunidades laborales de las mujeres en el campo, Jaramillo dijo que no solo se requiere intervención normativa, sino que se debe trabajar en temas educativos que impulsen la equidad de género.
