Es un hecho que Colombia va a tener que hacer un mayor gasto público para atender el choque que supone la migración venezolana, un movimiento que, sin embargo, podría poner en riesgo la rigurosidad de la regla fiscal.
Como indica una nota de la Ocde, el impacto fiscal anual por el fenómeno estaría entre 0,4 y 0,6% del PIB nacional según el Ministerio de Hacienda; entre 0,2 y 0,4% para Fedesarrollo y entre 0,3 y 0,4% para el Banco Mundial.
Ante esto, la Ocde resalta que la situación “implica desafíos, pero también oportunidades”, y que “integrar a los migrantes requerirá de políticas adecuadas”, las cuales “implican un costo fiscal (...). Es probable que este gasto adicional sea necesario durante los próximos tres o cinco años”.
(Lea: A la OCDE le gusta el Plan de Desarrollo del gobierno Duque)
La Ocde ve necesaria la flexibilización de la regla fiscal (que el déficit bajo al 1% del PIB en 2022), “que permita adaptarse a sucesos extraordinarios”, pero dice que en todo caso, es un movimiento que debe hacerse solo “para preservar la disciplina fiscal y la transparencia; el retraso debe ser temporal y su magnitud equivalente al costo presupuestario adicional estimado que supone la crisis de los refugiados”, afirma la Ocde.
Para ello, usa los ejemplos que algunos países de la UE tuvieron que ejecutar durante la crisis para estimular sus planes económicos internos.
“La migración supone una presión fiscal que no se da en condiciones normales. Mantener la regla fiscal es clave, y es por eso que se debe proponer una solución rigurosa y austera, pues no hay que olvidar que el Gobierno tiene un faltante a partir de 2020 que no tiene nada que ver con los venezolanos, por lo que no se puede permitir flexibilizar la regla para llenar los huecos de la reforma tributaria”, afirma Mauricio Reina, de Fedesarollo.
Richard Francis, líder de la calificación de Colombia de Fitch Ratings, señala que “el impacto de relajar el déficit depende de cuánto y por cuánto tiempo. Un aumento del 0,2% del PIB durante un año probablemente no tendría un gran impacto, pero un alza del 0,6% podría afectar negativamente la credibilidad del Gobierno. Fitch le da mucha importancia al largo historial de políticas macroeconómicas prudentes de Colombia: la regla fiscal es parte de este historial”.
