El nuevo enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y las gobernaciones por cuenta de los recursos de las regalías está para alquilar balcón.
La razón, una circular expedida el pasado lunes por el Ministerio de Hacienda que ordena que los pagos de los proyectos con cargo al presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) se hagan directamente desde Bogotá al destinatario final, desató el ‘rifirrafe’.
Los mandatarios regionales sostienen que la instrucción impartida a través de la citada circular viola los principios de descentralización y autonomía, y traiciona el espíritu de la ley de presupuesto del SGR aprobada el pasado 5 de diciembre.
La directriz del Ministerio de Hacienda establece que a partir del primero de enero de 2019 los recursos de regalías de asignaciones directas, compensaciones y asimiladas (Fondo de Compensación Regional 40%), así como los recursos de fortalecimiento de las secretarías técnicas, no llegarán a la caja de los departamentos, sino que serán pagados por el Ministerio de Hacienda.
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Esta nueva tarea la realizará dicha cartera desde la cuenta única del SGR, y a su vez, a las cuentas bancarias de los beneficiarios o destinatarios finales.
Vale aclara que este proceso se venía realizando en los últimos años a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) quien evaluaba, visibilizaba, aprobaba y priorizaba todos los programas y proyectos que son financiados con recursos provenientes de las regalías.
“La modificación propuesta por el Ministerio de Hacienda es inconveniente principalmente porque marcha en contravía de los principios constitucionales de descentralización y autonomía territorial, pues según la Ley 361 de la Constitución Política, los entes territoriales tienen el derecho de participar en las regalías y compensaciones, así como la de ejecutar directamente estos recursos”, enfatizó Carlos Ernesto Camargo, director Ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND).
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El vocero de la organización agregó que esta decisión desconoce las normas orgánicas del mismo SGR, ya que históricamente las entidades territoriales reciben directamente el giro de estos recursos, tal como lo ordena el artículo 134 de la Ley 1530 de 2012.
Para los gobernadores, la decisión del Gobierno Nacional es inconstitucional y resalta su tinte centralista, que además implica que sus departamentos ya no podrán disponer en la misma vigencia de los rendimientos financieros que generaban sus cuentas y que servían para financiar el cierre o ejecución de nuevos proyectos, pues en adelante esos rendimientos serán incorporados en el presupuesto solo hasta el siguiente bienio.
En una carta que le envió la gobernadora del departamento del Meta, Marcela Amaya García, al Gobierno Nacional, y a la que tuvo acceso Portafolio, la funcionaria afirma que desde el mismo trámite del proyecto en el Congreso de la República, los mandatarios regionales expresaron sus “preocupaciones frente a un número significativo de disposiciones que consideramos podían afectar los principios de descentralización y autonomía territorial, y adicionalmente, supondrían una mayor complejidad en el ciclo de aprobación de los proyectos”.
A renglón seguido, la misiva de la mandataria regional precisa que la eliminación y ajuste de dos artículos a la citada ley de presupuesto del SGR perjudicarían a los departamentos.
“Se eliminó el artículo 46, que vulneraba de la autonomía de los departamentos, habilitando la presentación de proyectos ante los Ocad por parte de los ministerios y los departamentos administrativos”, subraya al respecto en uno de los apartes de la carta.
Y más adelante reitera que “se ajustó el artículo 30, que reducía plazos para el cumplimiento de requisitos previos al inicio de la contratación de los proyectos, sin considerar las causas no atribuibles a la gestión de la entidad territorial”.
Esto quiere decir, que con la nueva instrucción del Ministerio de Hacienda, los Ocad terminarían siendo dentro de la ley de presupuesto del SGR para el bienio 2019 - 2020 un saludo a la bandera.
Otro de los puntos que destaca la gobernadora en su carta al Ejecutivo tiene que ver con el artículo 61 de la citada norma presupuestal y en el que se incorpora la figura de obras por regalías.
“Esta figura es inconstitucional e inconveniente para los territorios, ya que la misma Carta Política, indica que los departamentos, municipios y distritos, quienes tiene derecho a participar en las regalías y compensaciones, así como ejecutar directamente esos recursos”, subraya la carta.
De igual manera, la gobernadora hace reparos al artículo 18 el cual determina que la centralización de las regalías directas en la Cuenta Única del SGR, y aplazamiento en el giro de los rendimientos financieros derivados de estos recursos hasta el siguiente bienio.
“Esta medida implica centralizar el manejo de la caja de los recursos de asignaciones directas que son de los departamentos y municipios productores, lo cual afecta la autonomía de las entidades territoriales y genera ineficiencias”, indica la gobernadora en su misiva.
Así las cosas, la gobernadora señala que los recursos de las asignaciones directas no llegarán a las arcas de los departamentos, sino que por el contrario el Ministerio de Hacienda se convierte prácticamente en el administrador de los dineros y los consigna a través de la Cuenta Única del SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios finales y no por las entidades territoriales.
Pero el malestar no es solo de los gobernadores, también de los Secretarios de Hacienda y Planeación del país, quienes se sumaron a los gobernadores al argumentar que la medida impartida por el Ministerio de Hacienda implicará mayores demoras en los procesos presupuestales, contables, en la ejecución y pago de los recursos, que es una de las mayores quejas del sistema.
Además, advierten el riesgo de incumplimiento al que se somete a los departamentos y municipios del país, quienes deben cumplir obligaciones de distinta índole con estos recursos, incluyendo, por ejemplo, el pago de créditos.
PRESUPUESTO DE REGALÍAS
El Legislativo aprobó el Presupuesto Bienal de Regalías 2019-2020 por $24,2 billones, Así las regiones contarán en total con $30 billones, si se tienen en cuenta los $6 billones de vigencias anteriores que no habían sido ejecutados. El presupuesto que presentaron los ministerios de Hacienda y el de Minas, crecerá en un 67%, al pasar de $14,5 a $24,2 billones de pesos en comparación con el periodo 2017-2018. La suma aprobada equivale a más de la mitad del presupuesto anual del sector educación y dos veces el costo del metro para Bogotá.
Alfonso López Suárez
Redacción Portafolio