El desarrollo tecnológico ha generado múltiples beneficios para la sociedad al lograr optimizar actividades, contar con procesos más rápidos y eficientes, aprovechar mejor los recursos, entre otros. Sin embargo, en la actualidad se comienza a mirar la tecnología como una estrategia para poder detectar y controlar la corrupción especialmente en países en vías de desarrollo donde su uso podría ser fundamental para reducir este fenómeno y poder gestionar de manera más eficiente los recursos públicos en pro de la sociedad.
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Las tecnologías actuales facilitan y promueven un flujo bidireccional efectivo entre las instituciones del gobierno, los ciudadanos y el sector productivo lo cual permite garantizar transparencia, procesos objetivos e informados de participación ciudadana y rendición de cuentas para que los ciudadanos pueden comprender y analizar como es el gasto público y si este genera beneficios sociales. Así, las tecnologías pueden reducir las asimetrías de información entre el gobierno y los ciudadanos, limitar la subjetividad al momento de captura de información, la automatización de procesos que evita prácticas corruptas, eliminación de intermediarios y la reducción de la burocracia. Todos estos elementos permiten robustecer las instituciones públicas y que estás sean valoradas por los ciudadanos.
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Cuando se habla de corrupción y tecnología los elementos claves que permiten fortalecer su uso y atacar este flagelo son: i. La automatización al permitir reducir las oportunidades de actos corruptos en operaciones repetitivas; ii. La transparencia que ayuda a reducir el margen de discreción y ser más objetivos en cuanto a los criterios que se deben aplicar en los procesos; iii. La detección de operaciones relacionadas con anomalías, valores atípicos y bajo desempeño en los procesos; iv. La detección preventiva al poder monitorear en tiempo real a los individuos y acciones que realizan lo que implica el trabajo en red; v. La concientización al poder empoderar a los ciudadanos sobre que sucede con el gobierno y gestión de los dineros públicos, ofrecer diferentes herramientas para actuar en caso de tratamientos arbitrarios y poder exigir por sus derechos; vi. El reporte de información que permite contar con canales que evidencien quejas y reclamos que deben conducir a acciones concretas y ayudar a sancionar a funcionarios corruptos basados en evidencia y cerrar las brechas entre la denuncia y el actuar efectivo de las entidades gubernamentales; vii. La disuasión al poder mostrar ejemplos y casos de corrupción con sus respectivas consecuencias que permitan evitar que las personas generen hechos en contra de la ley; finalmente y no menos importante viii. La promoción de actitudes éticas a través de un compromiso de los funcionarios públicos y los ciudadanos que promuevan la ética y el desempeño a partir del respeto y el cumplimiento de los principios éticos que deben regir todas las acciones. Estos elementos son la clave para que los países y en especial las entidades gubernamentales puedan actuar en contra de la corrupción lo cual redunda en beneficios para todos al realizar y gestionar de forma efectiva la inversión pública como un beneficio social para todos.
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Además, las herramientas tecnológicas son fundamentales para desarrollar y fortalecer la confianza institucional a partir de sistemas de gestión e información que permiten registrar la información, contar con evidencias de auditoría y generar espacios de trabajo seguro donde los funcionarios y los ciudadanos pueden confiar en estas herramientas y que su trabajo no se filtre favoreciendo a los corruptos.
En el caso de la gestión tributaria a través de la tecnología se reducen las prácticas discrecionales evitando procesos de corrupción y generando sistemas transparentes que permite generar confianza en el sistema y logra aumentar la recaudación de manera efectiva.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que utilizar la tecnología para controlar la corrupción no está exenta de riesgos ya que es importante empoderar a los ciudadanos en el uso de las tecnologías que les permita su acceso y manejo efectivo para generar procesos eficientes y en el caso de países en que el gobierno controla estrictamente el Internet y otras redes de comunicación, es posible que se intenten bloquear o censurar campañas anticorrupción para proteger a entes estatales. Por ello, es importante desarrollar un política integral en contra de la corrupción que tenga en cuenta los beneficios tecnológicos que se convierten en una herramienta fundamental para fortalecer la institucionalidad, la gestión pública, la transparencia y el uso efectivo de los recursos donde los ciudadanos pueden realizar un seguimiento permanente y censurar las acciones corruptas de manera oportuna y óptima sin desconocer en estos procesos al sector privado.
Clara Inés Pardo Martínez,
PhD. Profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y Directora Ejecutiva del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT).
