El Grupo de Lima se pronunció frente a las declaraciones realizadas el pasado viernes por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en las que aseguró que dicho organismo no descarta una intervención militar en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro.
A través de un comunicado, el grupo expresó “su preocupación y rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela”.
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Dicha declaración fue firmada por los gobiernos de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Colombia, Canadá y Guyana no se adhirieron al documento del Grupo de Lima.
Ante esto, la cancillería aseguró que no hubo coincidencia total en los términos de la declaración, pero hay identidad en de propósitos. "Colombia rechaza la violencia en todas sus formas y continuará actuando con base en estos principios y convicciones", aseguró la cartera.
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Junto con esto, la Cancillería afirmó que considera que el Grupo de Lima es fundamental y "Colombia seguirá acudiendo a todos los medios diplomáticos y políticos tenientes a crear condiciones para que el pueblo de Venezuela pueda elegir, ojalá más temprano que tarde, el gobierno que desee tener gracias a procesos transparentes y rodeados de garantías".
En el documento, el Grupo de Lima abogó por “una salida pacífica y negociada” para restaurar la democracia en Venezuela y a superar la “grave crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa ese país”, por lo que reiteraron que continuarán promoviendo iniciativas para este fin en el marco del derecho internacional.
Asimismo, instaron una vez más al Gobierno del presidente Nicolás Maduro a "poner fin a las violaciones a los derechos humanos, a liberar a los presos políticos, respetar la autonomía de los poderes del Estado y asumir su responsabilidad por la grave crisis que hoy vive Venezuela".
El Grupo de Lima está conformado por los Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Esta plataforma fue creada por iniciativa del Gobierno de Perú para denunciar un quiebre del orden democrático en Venezuela ante la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, cuya legitimidad no reconoce.
