Las elecciones extraordinarias al Congreso que Perú celebrará este domingo serán determinantes para desterrar la crisis política que vive el país y permitirán apuntar qué partidos y candidatos salen reforzados para 2021, el año del Bicentenario en el que también habrá comicios generales para elegir presidente.
El hartazgo ciudadano ante la corrupción y la lucha frontal contra ese flagelo, que han marcado el Gobierno del presidente Martín Vizcarra desde su asunción en 2018, tendrán también su momento en esta votación, donde se espera que quede reflejada en la composición de un nuevo legislativo, que tendrá escasos meses para traducir en normas y actos el clamor de la ciudadanía en ese aspecto.
Con esto, el desbloqueo es uno de los principales objetivos. Las elecciones de 2016 depararon un resultado que derivó en la mayor crisis política vivida en Perú desde la restauración de la democracia, con un Ejecutivo débil y un Legislativo en manos de un partido (Fuerza Popular, fujimorista) que no supo gestionar el no haber obtenido la presidencia.
Tras la disolución del Congreso por Vizcarra, el 30 de septiembre pasado, estas elecciones están llamadas a devolver la estabilidad y una relación de normalidad entre ambos poderes. En ese contexto, se espera que se permita avanzar en temas claves como la reforma de la justicia, activar una economía con pulso débil y afrontar políticas de Estado que requieren consenso como la lucha contra la violencia hacia la mujer o la mejora educativa.
Atacar a la corrupción, problema que fue la clave para explicar los actos del pasado Congreso, será también un tema central en el parlamento que surja de estas elecciones. Si bien habrá que esperar a ver cuál será el castigo que los electores le darán a los partidos y los líderes más involucrados, muchos de los que ahora aparecen en las encuestas con opciones de dominar la cámara parece que apuestan por la dureza contra esas prácticas que antes eran moneda corriente en la política.
En ese sentido, se espera que haya en la cámara un núcleo de partidos lo suficientemente fuerte como para no bloquear las acciones del Gobierno o de la Fiscalía y el Poder Judicial.
El Ejecutivo no cuenta con ningún candidato “oficialista” en estas elecciones, y por tanto no habrá un bloque que defienda en la cámara las acciones de Vizcarra y sus ministros, si bien hay candidatos que han expresado relativa proximidad al Gobierno.
Por el lado opuesto, Fuerza Popular (FP), que en 2016 obtuvo 73 diputados y ha sido el partido más dañado por su vinculación con la corrupción y la gestión que hizo de su mayoría parlamentaria, cuenta con sólidas opciones para seguir siendo una de las fuerzas más votadas, aunque con un porcentaje mucho menor.
POSIBLE CONTAGIO
Por otro lado, en un contexto de gran conflictividad y tensiones sociales en la región, queda ver cómo se verá eso traducido en Perú y si los extremos de derecha e izquierda alcanzan un mayor protagonismo. Si bien las encuestas apuntan a que será el centro el que gane la mayoría de los escaños, habrá que esperar qué obtendrán las fuerzas en la periferia de las preferencias políticas.
Por primera vez, y siguiendo la estela política de candidatos y fuerzas de ultraderecha de todo el mundo, un partido, el derechista Solidaridad Nacional, se ha presentado sin tapujos como la fuerza “a la que odian los comunistas”.
En el polo opuesto, posturas como las del ‘etnocacerismo’ o de izquierdas ‘bolivarianas’ también concurren en estas elecciones bajo diversas candidaturas, pero no parece que tengan muchas opciones.
Por último, estos comicios son un escaparate de primer orden para los candidatos y los partidos con aspiraciones para las generales del año 2021. El reparto final de escaños y apoyos ciudadanos tras esta votación dará inicio, casi de inmediato, a la conformación de bloques, alianzas y propuestas en torno a quienes tengan mejores opciones para ganar las elecciones el año próximo.
De momento, tan solo se sabe que el actual presidente del país, Martín Vizcarra, no se presentará como candidato a la reelección y el campo está abierto para cualquier sucesor que vea su oportunidad, con un año y unos pocos meses de gestión parlamentaria para darse a conocer ante la opinión pública.