La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a las empresas Proyectar Ingeniería S.A.S. y Desarrollamos Ingenierías S.A.S., al comprobar que ambas coludieron en una licitación abierta por el Ministerio de Cultura hace más de cinco años.
Según la entidad, las compañías se pusieron de acuerdo, “al no actuar de manera independiente, sino de forma coordinada (y) la anterior conducta constituye una violación a la libre competencia”.
En la decisión proferida también se sancionó a las siguientes personas naturales relacionadas con las empresas mencionadas: Diego Luis Ocampo, representante legal de Desarrollamos; Henry Losada Vélez, representante legal de Proyectar y Rubén Darío Solarte, director de licitaciones de Proyectar.
En un comunicado, la entidad señaló que el objeto que tenía la licitación del Mincultura era contratar la reparación y reforzamiento estructural de la Casa de la Cultura del municipio de Dagua, Valle del Cauca, afectada por el fenómeno de la Niña 2010-2011, cuyo valor ascendía a $ 1.115 millones.
La actuación administrativa se inició a partir de una denuncia presentada por el Coordinador de Contratos y Convenios del Ministerio de Cultura, en la cual se advirtió a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la posible existencia de una conducta colusoria entre los proponentes previamente mencionados, en el marco del proceso de selección contractual.
A partir de esta denuncia, la Superintendencia realizó una investigación en la que demostró que, en el marco de una profunda y prolongada relación de colaboración, las mencionadas firmas coludieron en este proceso de licitación pública afectando la libre competencia económica, por varios fundamentos encontrados.
El primero de ellos fue que las propuestas tanto de Proyectar como de Desarrollamos fueron estructuradas por las mismas personas, lo cual, de paso, muestra que desde un comienzo fueron delineadas en conjunto por ambas firmas.
Además, “los requisitos para participar en el proceso licitatorio del Mincultura fueron gestionados y obtenidos por las mismas personas para ambas empresas investigadas”, sumado a que un empleado de Proyectar avaló la propuesta de Desarrollamos.
“Sin lo anterior las propuestas de los investigados no hubieran podido ser habilitadas dentro del proceso de selección contractual analizado, por lo cual tampoco hubieran sido evaluadas, ni hubiera sido posible la adjudicación del contrato para ninguna de ellas, concluyó la entidad vigilante.
Vale decir que las personas jurídicas fueron sancionadas con multas de $757 millones (Proyectar) y $202 millones (Desarrollamos), en tanto que las personas naturales recibieron sanciones de entre $12 millones y $74 millones.