Apoyar a la innovación, el emprendimiento, la cuarta revolución industrial, entre otros aspectos, ha sido una de las banderas del actual Gobierno que busca impulsar el desarrollo de nuevas industrias en el país.
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Con bombos y platillos se anuncia cada vez que el Ejecutivo y sus entidades toman alguna medida al respecto. Sin embargo, en la práctica, el panorama es mucho más complejo para los empresarios de firmas como Rappi y Uber; cannabis medicinal y, hasta las energías renovables que requieren de acciones concretas, seguridad jurídica para sus inversiones y capacidad técnica para dar respuesta a las industrias nacientes.
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ECONOMÍA COLABORATIVA
Uno de los puntos en común que parecen tener las nuevas industrias en el país, son las demoras institucionales. En la economía colaborativa, solo por mencionar un caso, está el de Uber que arribó al país seis años atrás y a la fecha, esta y otras plataformas similares, no cuentan con una regulación, debate que aún está en proceso sin tener mayores avances.
Varios empresarios de esta industria comentan que han mantenido acercamientos con el Gobierno, pero a la fecha, eso no se ha visto materializado en acciones concretas o en seguridad jurídica para las más de cinco firmas que ya operan en varias ciudades del país.
Precisamente, hace poco, Uber dijo que decidió dejar de hacer una inversión de US$40 millones en Colombia para construir su tercer centro de excelencia en la región “por falta de estabilidad regulatoria y apoyo institucional a la innovación (...) El nuevo centro iba a generar 600 empleos aquí”, resalta la firma.
Sobre este tema, Felipe Quintero, abogado experto en TIC, comentó que “las autoridades deben entender que los negocios y la economía evolucionan y que hay que adaptarse a los mismos y buscar que contribuyan a generar oportunidades y riqueza para la sociedad, en vez de oponerse a los cambios”.
Cabe mencionar que hace unos días, el representante Mauricio Toro, radicó en el Congreso una iniciativa que busca regular las ‘apps’ de transporte. Con esto, se eliminarían los cupos de los taxistas, las plataformas pagarían impuestos más allá del IVA, entre otras acciones que buscan equilibrar la ‘cancha’ entre los taxis y aplicaciones.
Por su parte, en el caso de Rappi, primer unicornio tecnológico colombiano valuado en más de US$1.000 millones, creado en 2015, el tema del pago de la seguridad social a sus ‘rappitenderos’ o colaboradores, es uno de los inconvenientes que está teniendo la firma.
En Colombia, a finales de julio de este año, el Ministerio de Trabajo y la firma se reunieron con el fin de buscar otros modelos de contratación que garantice los derechos de los colaboradores de estas plataformas.
Entre las propuestas que han salido a flote en los últimos meses, que han armado debate, está la flexibilización laboral que permitiría regular el trabajo por horas. Para muchos, esto sería una alternativa para adaptar el mercado laboral a las nuevas realidades que ha traído la era tecnológica y sus diversas plataformas.
Sin embargo, para otros, entre ellos, los sindicatos, este tipo de propuestas atentan contra los derechos de los trabajadores.
Ahora bien, por el momento esta propuesta y otras que podrían estar en la reforma laboral, están en veremos, pues aunque se podría presentar este año, lo más probable es que se lleve al Congreso en 2020.
A esto hay que sumarle que en días pasados, Alicia Arango, ministra de Trabajo, reiteró que no habrá reforma laboral, ni pensional si no pasan por concertación. Si bien esto le permitiría al Gobierno presentar unos textos más completos, también le podría tomar mayor tiempo en llevarlas a discusión.
CANNABIS MEDICINAL
Esta es otra de las industrias nacientes en el país que viene desarrollándose hace un poco más de tres años, pero que a la fecha no cuenta con un producto medicinal a la venta.
Esto ha despertado la preocupación de los empresarios del sector que aseguran que ya han cumplido con los periodos de investigación, con traer más de US$400 millones, pero que el tiempo se agota y que necesitan empezar a vender porque la industria ya se está viendo afectada.
Entre las razones por las que no han podido comercializar, ni una sola ‘pastilla’, se debe en gran medida, a la falta de asignación de cupos de producción de cannabis psicoactivo y de fabricación de derivados para uso comercial.
Aunque el Gobierno dio un gran paso para ‘destrabar’ a la industria con la publicación, por parte del Invima, de las guías para que los laboratorios se certifiquen y puedan hacer formulaciones magistrales a base de cannabis (siempre y cuando se tenga prescripción médica), los empresarios del sector aseguran que en promedio este proceso podría llevarle a un laboratorio ocho meses, en caso de que cumpla todos los requisitos.
No obstante, volviendo al tema de los cupos, si no se asignan para que las empresas los utilicen con fines comerciales, estas no pueden cultivar, proceso que además puede tardar más de tres meses, por lo que al no tener ‘material’ para trabajar, no pueden vender, y por ende, el flujo de caja de las firmas se vería afectado.
Según Rodrigo Arcila, presidente de la Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis (Asocolcanna), el sector está enfrentando una difícil situación que requiere acciones institucionales concretas, una de estas la celeridad en la asignación de cupos internos de comercialización.
Otros de los obstáculos para el óptimo desarrollo de la industria en el país, que ya han comentado los empresarios en reiteradas ocasiones, son la demora por parte del Gobierno en la respuesta a los trámites y la falta de personal técnico que comprenda las necesidades del sector.
ENERGÍAS RENOVABLES
El sector mineroenergético tampoco se escapa de las falencias del Gobierno a la hora de poner en marcha las nuevas industrias. La muestra corre por cuenta del posible atraso para la entrada en operación de la línea de transmisión Colectora, que será la encargada de sacar la energía que generen los parques eólicos y granjas solares en los departamentos de La Guajira y Cesar al Sistema Interconectado Nacional (SIN).
El proyecto de transmisión, entregado por la Upme al Grupo Energía Bogotá (GEB) en 2018, hoy se encuentra prácticamente empantanado por cuenta de las 24 consultas previas que tiene programado el Ministerio del Interior para recibir la aprobación de 187 comunidades entre afrodescendientes e indígenas para obtener la licencia ambiental y posteriormente iniciar el montaje de la línea Colectora I, y la entrada en operación de la misma.
Según el Plan de Expansión de Energía de la Upme, esta iniciativa está programada para entrar en operación en 2022, año en el que el Gobierno Nacional espera que estos complejos de renovación renovable ubicados en los citados departamentos, entreguen energía al SIN. Sin embargo, con lo que no contaba el Ejecutivo, más el Ministerio de Minas y Energía, es que por el desarrollo de las consultas populares, la entrada en operación de Colectora I, se podría ir más allá del 2024.
Esto quiere decir que aunque en 2022 se finalice la construcción de los proyectos de renovables en La Guajira y el Cesar, unos de los más importantes en esta materia por su capacidad instalada, no podrían aportar al abastecimiento de energía del país porque la línea de transmisión no estaría lista ese año.
De acuerdo con Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), las tareas que tiene pendiente el Gobierno en esta materia es revisar la reglamentación de la consulta previa a través de una ley para que el proceso sea más claro y tome menos tiempo. El directivo comentó que este es un tema que los gremios vienen hablando hace cerca de cuatro años, y a la fecha no se ha definido, y en principio, le corresponde al Mininterior.
En segundo lugar, Castañeda dijo que se debe fortalecer la Unidad de Consulta Previa, adscrita a la citada cartera, pues este no tiene toda la capacidad para responder a los requerimientos que cada vez son más.
Así las cosas, el Gobierno deberá seguir trabajando por estas nuevas industrias que, de impulsarlas, pueden traer beneficios económicos y sociales al país. Y más allá de mostrar su buena voluntad, deberá traducirla en la toma de decisiones eficaces que permitan el desarrollo de nuevos sectores, dicen los expertos.
Valerie Cifuentes M.