Las denuncias del Centro Democrático sobre la repartición y el uso de los recursos del Estado y auxilios regionales para ayudar a la reelección de Santos, iluminan de nuevo un largo debate que se ha hecho en el país desde los albores del Frente Nacional sobre el clientelismo inestable vs. la estabilidad de las distintas carreras administrativas que se han intentado consolidar en algunos ramos oficiales.
Para combatir la entrega de los puestos a dedo y disminuir las exigencias de la clase política por una burocracia a su amaño, Alberto Lleras y Laureano Gómez diseñaron en España la alternación y la paridad, y, a la vez, un sistema de meritocracia gracias al cual la estabilidad de los funcionarios se daba mediante una lista de elegibles y el registro en un escalafón de ascensos periódicos por cuenta de su desempeño como servidores públicos. A ese proceso lo llamaron la carrera administrativa y así ha quedado consagrada en las diferentes reformas constitucionales desde entonces.
No obstante, el sistema político siempre protestó por ese proceso demasiado técnico. Cierto día, el ministro de Gobierno Cornelio Reyes irrumpió en el despacho del director del Servicio Civil para solicitarle la firma de un decreto que congelaba indefinidamente las normas de la carrera. El Ministro estaba indignado por la obstrucción que tenían las decisiones del Ejecutivo del mandato claro por parte de funcionarios escalafonados en la carrera. Dicha solución era una crisis con la que se franqueaba la puerta a que casi todos los empleos públicos quedaran calificados en la categoría de libre nombramiento y remoción. Gracias a la oposición del director, la carrera administrativa siguió su curso.
Pero la cultura política colombiana no ha sido capaz, ni lo será, de asimilar esta reforma técnica que casi todos los países tienen. La gobernabilidad se alcanza con la mermelada y los empleos para favorecer a amigos y parientes de los copartidarios. La clase política se alimenta de puestos y, con base a ellos, se logra la sumisión de los favorecidos con miras a la siguiente reelección del padrino. Ha nacido la expresión “Es de…”, con la cual se legitima que ciertos cargos sean el patrimonio exclusivo de los congresistas, los magistrados y legisladores de todos los niveles, a cambio de su adhesión a los planes del gobierno de turno. La pérdida de identidad es sustancial y el patrimonialismo incuestionable. No hay mejor retrato de lo que es una democracia perversa.
El empleo en el sector público se incrementó en el 2013 en cerca de 70.000 nuevas plazas de trabajo. Este elevado número obedece a dos reglas: suelen ser temporales y sin prestaciones, y sirven como reguladores del índice de empleo que verifica el Dane. Como temporales y a término fijo son una antítesis a la formalización que pide el Mintrabajo, pero, a la vez, un excelente trofeo para alimentar el apetito de los clientelistas. Como reguladores, estos 70 mil cargos hacen descender artificialmente la tasa de desempleo, no importa lo improductivos que puedan ser. La carrera administrativa es de nuevo una inocentada.
Las razones de este fenómeno, que malogra la eficiencia del Estado, son: ausencia de partidos políticos –más preocupados por los puestos que por los programas–, y el clientelismo institucional como una forma de hacer política con los amigos más sumisos, no con los más competentes. Es obvio decir, por esta brecha se desliza la enorme serpiente de la corrupción en todas las ramas del poder público y del sector privado.
Jaime Lopera
Consultor Privado