El Ministerio de Agricultura publicó para consulta un proyecto normativo de decreto que favorece a los guerrilleros desmovilizados de las Farc con un programa especial de entrega expedita de tierras, que la Agencia Nacional de Tierras podrá adquirir mediante negociación o extinción de dominio. La Agencia establecerá los criterios y el procedimiento de donación de tierras para los ex combatientes de las Farc y su núcleo familiar, definidos como los únicos beneficiarios, siempre y cuando no tengan tierra o sea insuficiente, no hubieren sido beneficiarios de programas de tierras ni declarados ocupantes indebidos de baldíos y suscriban el compromiso de comparecer ante la Jurisdicción Especial de Paz.
Al premiar con tierra productiva a título gratuito a los guerrilleros exintegrantes de las Farc, la norma propuesta es contraria a la Ley 160 de 1994, que siempre ha pretendido otorgar tierras de manera preferente a los campesinos de escasos recursos. Incluso se podría afirmar que el proyecto gubernamental (inspirado en el marco del cogobierno paritario con las Farc, denominado Consejo Nacional de Reincorporación, creado por el Decreto No. 2027 de 2016) es violatorio del espíritu y la letra del Acuerdo del Teatro Colón, según los cuales las personas beneficiarias del plan de adjudicación gratuita de tierra serán los “trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, priorizando a la población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas, las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a la población desplazada”.
Es así como el Acuerdo de Paz prioriza la población rural victimizada por la guerrilla de las Farc para la entrega de tierras, incluyendo a las mujeres del campo y los desplazados rurales. El Ejecutivo, como signatario del Acuerdo, bien sabe que esta es la prioridad y el eje de la Reforma Rural Integral, no las Farc. Sin embargo, mediante una voltereta digna de un mago como Houdini, el Ejecutivo trastoca lo acordado en La Habana y pone a las asociaciones de exguerrilleros de las Farc en el centro del proceso de paz y del reparto gratuito de tierras.
El proyecto de entrega de tierras a los antiguos combatientes de las Farc también se contrapone a lo dispuesto por el Decreto-Ley 902 de 2017. La disposición en comento establece que el acceso a la tierra a título gratuito, comprende exclusivamente a “los campesinos, campesinas, trabajadores, trabajadoras y las asociaciones con vocación agraria o las organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación agraria y sin tierra o con tierra insuficiente, así como personas y comunidades que participen en programas de asentamiento y reasentamiento”.
La creación del programa especial de entrega de tierras para los guerrilleros desmovilizados de las Farc cambia su piel de victimarios y los transforma en pobres víctimas. Con ello, el Estado desplaza públicamente a los campesinos, trabajadores y asociaciones rurales con vocación agraria, que son los verdaderos damnificados del conflicto armado con las Farc en Colombia.
