Gustavo Gordillo, miembro de nuestra Alianza para la gobernanza y la institucionalidad del desarrollo rural, la agricultura y la alimentación en América Latina y el Caribe, que lidera la FAO con el apoyo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, preparó un sesudo documento que le cae como anillo al dedo al gobierno del presidente Iván Duque.
El escrito considera que la agricultura y la ruralidad de nuestro tiempo deben tener en cuenta: 1) la fragmentación de la globalización y el debilitamiento de los acuerdos comerciales multilaterales; 2) la contribución de la agricultura de precisión, los desarrollos tecnológicos, de innovación y mejoramiento genético de plantas y animales; 3) el aporte de las ciudades intermedias al crecimiento y reducción de las desigualdades sociales y económicas, y 4) los crecientes conflictos ambientales y territoriales, que trastornan el desempeño económico y social de la agricultura.
En el caso colombiano, el impacto de estos conflictos es aún mayor por la amenazante presencia de los carteles mexicanos, la retaguardia de las Farc, el Eln y las demás bandas criminales, que explotan la economía subterránea derivada de la minería ilegal y los cultivos ilícitos en 22 de los 32 departamentos del país.
Los principales retos de la gobernanza rural incluyen, según Gordillo, el surgimiento de nuevos actores como las comunidades indígenas, la ausencia de estabilidad de las políticas públicas rurales y el impacto del cambio climático sobre la agricultura.
En nuestro entorno, es preciso añadir el empoderamiento de la protesta social de origen campesino y cocalero y la repartija burocrática empleada por la anterior administración, que comprometió la gestión e idoneidad técnica del Ministerio de Agricultura y sus entidades adscritas y vinculadas, especialmente de las agencias de Renovación del Territorio y Desarrollo Rural –entes que deberían fusionarse– y el Banco Agrario, Finagro y el ICA.
La renovada visión del campo comprende un cambio de las políticas públicas agrícolas con enfoque rural y territorial, que favorezcan la productividad, la competitividad, la sostenibilidad ambiental, la inclusión productiva, el bienestar rural y el fortalecimiento del Estado de Derecho.
Gordillo sostiene que para concretar esta visión, es “indispensable una reforma profunda en la operación de la política rural. Esto implicaría la transformación sustantiva de los ministerios de Agricultura en instancias orientadas al desarrollo territorial rural, y no solamente sectorial”.
En el caso colombiano, resulta prioritario arrebatarle la agrietada institucionalidad oficial a la clase política para devolvérsela a la tecnocracia; en particular, es primordial ponerle punto final al infame reparto de la ‘mermelada’ y la tercerización de las agendas misionales de productividad, competitividad e inclusión social de las entidades agrarias.
Igualmente, se requiere concertar y tramitar la aprobación de un paquete legislativo en materia agropecuaria, que comprenda, prioritariamente, un régimen tributario preferencial para el campo, seguridad jurídica para la tenencia de tierra, flexibilización laboral ruraly modificación del presupuesto agropecuario para el 2019 con énfasis en bienes públicos, acorde con su participación en la economía colombiana.
Andrés Espinosa Fenwarth
CEO de Inverdies / @aespinosafen
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