El presidente electo Iván Duque ha señalado a la salud como una de sus diez áreas prioritarias de gobierno. Responde así a un clamor de la población. Va a recibir una situación compleja desde el punto de vista financiero, que viene de larga data y que se ha estabilizado en los últimos tiempos en un déficit recurrente anual que sobrepasa los dos billones de pesos, producto del gasto en los denominados recobros, que supera lo que se presupuesta. Se ha dicho muchas veces, y es compartido por todos los agentes del sector: en salud gastamos más plata de la que tenemos.
Estudios han demostrado también que ese gasto es pertinente y responde a necesidades de la población. Lo que se evidencia, así mismo, es que se requiere mejorar la administración de las EPS e IPS; hay muchas ineficiencias y también desperdicios que, al corregirse, harían que la plata que hoy existe rinda más para atender mejor los servicios de salud. Existe consenso en que el modelo de atención en salud tiene que cambiar. Para estos cambios se necesita más gestión y menos normas. De todas maneras, se requiere más dinero. En esta columna relacioné las recomendaciones de la Ocde sobre estos asuntos, que coinciden con visiones convergentes de diversos actores del sistema de salud.
Poco se habla de la necesidad de preservar y fortalecer el carácter técnico de las entidades rectoras del sector. Este es un asunto esencial para la marcha adecuada del sistema. El Ministerio de Salud, el Invima, la Adres, el INS y la Superintendencia de Salud, no pueden ser parte de eso que llaman ‘el ajedrez político’ y que otros más lo denominan la ‘gobernabilidad’.
Al sector se le exige que mantenga la población sana, asegure el derecho a la salud para los ciudadanos, gestione los riesgos de enfermar y establezca redes de servicios con calidad para restituir las condiciones de salud de las personas cuando se ha alterado. Además, se le impone que lo haga con escasos recursos. Nada de eso se logra si no existe desde la rectoría un carácter técnico, alejado de los avatares políticos. Una cosa es la política pública en salud y otra distinta, caer en el clientelismo.
Los agentes del sistema hemos visto en los últimos años un avance en las capacidades técnicas a nivel de la Autoridad Sanitaria Nacional, que agrupa a esas entidades que mencioné en párrafos anteriores. Dicho adelanto hay que protegerlo y fortalecerlo. No puede haber equivocación en esto. Como tampoco en modificar la naturaleza para la cual se crearon las entidades.
Sobre esto último, quiero referirme a dos en especial. La primera, la Adres, que es una unidad administrativa especial, del nivel descentralizado del orden nacional, asimilada a una empresa industrial y comercial del Estado. Su objeto social, con el fin de garantizar el adecuado flujo y control de los dineros del sistema, es administrar todos los recursos financieros destinados al aseguramiento en salud, teniendo en cuenta los antecedentes del modelo de gestión a través de terceros. Es la tesorería del sector, recientemente creada; no es un ente regulador como algunos pretenden que sea.
La segunda entidad, es el Invima. El instituto de vigilancia de medicamentos y alimentos, semejante a la FDA en Estados Unidos y a agencias similares en Europa. Algunos en el país lo miran como una entidad que autoriza licencias de comercialización de productos. Están errados, no es así de simple. El Invima es de vigilancia y control sanitarios, no una institución de comercio. Los aranceles no son el problema mayor, los retos de los productos alimenticios que ingresan y salen del país son sanitarios y fitosanitarios. En materia de medicamentos, son de pertinencia, calidad y efectividad.
Una cosa es que ambas entidades deban ser más eficaces, requieran eliminar barreras de trámites y necesiten mejores sistemas de información. Otra muy distinta es cambiar la naturaleza para la que se necesitan, como piezas clave del sector salud.
Ojalá lo tenga claro el electo presidente Duque, o quienes le hablan bien al oído, se lo manifiesten con precisión. Las entidades rectoras del sector salud requieren proteger y fortalecer su carácter técnico y preservar el objetivo para el que fueron creadas.