Desde Bruselas, Carles Puigdemont, el anterior presidente del Ejecutivo catalán parece decidido a mantener la confrontación con el Gobierno Central y a llevar la tensión hasta el límite, forzando su investidura en ausencia. Puigdemont exige ser nombrado nuevamente presidente y que pueda desempeñar las funciones desde el extranjero, por medios virtuales, en razón a la orden de captura que tiene en España.
El nuevo Parlamento designó a Roger Torrent como presidente y este ha prometido “restituir plenamente el conjunto de las instituciones catalanas” intervenidas por el Gobierno Central, al amparo del Artículo 155 de la Constitución, tras la declaratoria unilateral de independencia por parte del gobierno regional, dirigido en ese momento por Puigdemont.
En la instalación no se permitió la votación virtual de los cinco diputados refugiados en Bruselas, pero lo difícil está por venir cuando tenga que decidirse, con fecha límite el 31 de enero, el nuevo presidente de la Generalitat. Rajoy ha advertido que si se toma alguna decisión que permita votar a esos diputados, incluso de forma delegada, recurrirá las medidas que se adopten; así se instale una pantalla para que los ausentes participen de modo virtual. Existe una discrepancia entre el Tribunal Supremo, que permitió votar a los diputados presos en territorio español, y el Tribunal Constitucional, que negó dicha posibilidad.
La sesión inaugural fue presidida por la que se denomina ‘Mesa de Edad’, con los diputados más antiguos. Esa Mesa aceptó que Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez delegaran sus votos por estar procesados y encarcelados en Madrid, tal como lo ha autorizado el Tribunal Supremo, pese a que eso no es compartido por los abogados de esa Cámara.
El Psoe, a través de su portavoz, Margarita Robles, declaró que “Nadie es imprescindible y Puigdemont no puede presentarse a una investidura”, al tiempo que criticaba a Podemos porque con su abstención en la votación en la elección de la Mesa Directiva del Parlamento catalán, permitió que los independentistas lograran la presidencia.
En suma, los independentistas declaran que la decisión sobre el presidente regional debe ser ‘política’ y no jurídica, pero si avanzan en contra de los límites constitucionales que defiende el Gobierno Nacional, quienes lo impulsen serán procesados, como lo están siendo los anteriores directivos. ¡Es una confrontación que no parece amainar!
El Gobierno Central ha dicho que “hará lo que sea necesario” para impedir esa investidura, y ello puede mantener hacia el futuro el estancamiento de la situación, con gravísimos efectos económicos por la fuga de empresas.
Estos hechos muestran el clima de crispación y emotividad que se vive, tanto en Cataluña como a nivel nacional, pero no parece viable que la propuesta de un gobierno teledirigido desde Bruselas llegue a concretarse.