El informe final de la Comisión de Asuntos Sociales y laborales de la Ocde, reconoce avances, pero establece que Colombia debe enfrentar la informalidad laboral, la desigualdad y la concentración del ingreso; y advierte que nuestro sistema tributario no tiene casi ningún efecto en reducir la desigualdad. Sobre la informalidad, sugiere facilitar la inscripción de esos trabajadores a la seguridad social.
Además, propone garantizar mejor formación a los inspectores de trabajo, selección por concurso, presencia en zonas rurales y utilizar el sistema electrónico de administración de casos y cobro de multas.
Respecto de la negociación colectiva, la Organización recomienda incluir la negociación sectorial o por rama en el Código del Trabajo y eliminar la opción de negociar pactos colectivos. Además, propone extender automáticamente los beneficios de la negociación colectiva a los no firmantes del mismo y trabajar para que los múltiples sindicatos de una misma compañía formen un solo equipo de negociación que garantice un único acuerdo colectivo.
Por otra parte, plantea que el derecho de huelga se extienda a las organizaciones sindicales de alto nivel y asegurar que todos los trabajadores, independientemente de su modalidad de contratación, puedan unirse a los sindicatos. Además, Colombia debe reflexionar sobre alternativas a la prohibición total de huelgas en servicios esenciales y considerar reintroducir la mediación en el proceso de resolución colectiva de disputas. La Ocde considera que el salario mínimo en Colombia –medido en dólares– es muy alto, pero ello se explica por la revaluación.
En materia de protección a sindicatos, el comité resalta los resultados obtenidos a partir de la relación de la Unidad Nacional de Protección y sostiene: “Desde la creación de la Unidad Nacional de Protección en el 2011, todos los sindicalistas cubiertos por el programa han sido protegidos de forma satisfactoria”.
No obstante, sugiere tener mecanismos para identificar a los agresores y sus causas. Respecto a la violencia contra sindicalistas recomienda un programa más robusto de protección de líderes sindicales, mostrar avances en la reducción de los crímenes que quedan impunes, y regular el uso desproporcionado de la fuerza por parte del Esmad. Además, abordar las recomendaciones pendientes sobre casos graves y urgentes en el Comité de Libertad Sindical de la OIT en relación con la violencia contra los sindicatos.
En desarrollo de la Ley 1429/10, la Resolución 2021 de mayo 9/18, del Ministerio de Trabajo, establece que “El personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las tareas misionales permanentes, no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado o bajo ninguna otra forma de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes”.